El oficialismo nacional mantiene una gran obsesión: que no avancen las causas por corrupción que alcanzaron a los gobiernos kirchneristas desde 2003 a 2015.
Ya hemos señalado más de una vez desde este espacio que una de las primeras decisiones del actual gobierno fue, a través de la Oficina Anticorrupción, la de apartarse (en nombre del Estado) como querellante en las principales causas contra Cristina de Kirchner y sus hijos.
Además, la embestida para desviar el curso de las investigaciones incluye a ex y actuales colaboradores del kirchnerismo o a personalidades muy influyentes en su andamiaje político y en asuntos de Estado no siempre vinculados con la corrupción, pero sí con decisiones comprometedoras con las relaciones exteriores
Es el caso del actual Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, quien a comienzos de 2020 pidió a la Justicia la nulidad de la causa en su contra, como también contra la actual vicepresidenta de la Nación, por la firma del polémico memorando de entendimiento con Irán.
Es un caso significativo, que se originó con la denuncia que presentó, en enero de 2015, el fiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman, quien fue hallado muerto en su departamento pocos días después de haber efectuado su denuncia. En el caso se estableció que el pacto con Irán tenía como finalidad que los ciudadanos de ese país que fueron acusados por el ataque terrorista a la mutual judía, en julio de 1994, pudieran “sustraerse” de la acción de la justicia.
La polémica se acentuó por la decisión de los jueces de la causa de aceptar un pedido de Cristina de Kirchner para convocar a una ronda de audiencias para que expusieran sus puntos de vista. Esto le sirvió a la ex presidenta para sostener su teoría de que todo se basa en un plan político del anterior gobierno para atacarla. Y volvió a referirse al supuesto lawfare para atacarla a ella y a las autoridades que la acompañaban en aquel momento. Además, hicieron sus descargos Oscar Parrilli, Carlos Zannini y Juan Carlos Mena, viceministro de Justicia.
En medio de la embestida kirchnerista para suspender el juicio iniciando el proceso para anular la causa, hay que destacar la postura del fiscal del caso, Marcelo Colombo, que expuso ante el Tribunal Oral Federal 8 y rechazó suspender el juicio por el supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA. El pedido en ese sentido había sido formulado las defensas de Cristina Kirchner y Carlos Zannini, entre otros acusados de encubrimiento.
El representante del Ministerio Público Fiscal, entre otras consideraciones, fue directamente al aspecto político promovido por el oficialismo y consideró que no se probó en el proceso que las visitas de los camaristas de Casación, Borinsky y Hornos, a la residencia presidencial de Olivos y a la Casa Rosada durante la gestión del presidente Macri hayan influido en las decisiones tomadas en el marco del expediente.
La firme postura del fiscal del caso del memorando con Irán pone a los camaristas ante la decisión de qué hacer con el proceso judicial. Accedieron a la presión oficialista para una polémica serie de audiencias no previstas en el sistema procesal.
Les cabe ahora decidir en un caso que mucho daño le hizo a la imagen institucional del país.
