Quedan varias dudas sobre la postura del gobierno nacional luego de una semana muy tensa en lo referido a toma de terrenos, más allá de que se concretó el desalojo de los usurpadores tanto en Guernica como en el campo de la familia Etchevehere, en Entre Ríos.
El postergado operativo en el amplio predio tomado en el Gran Buenos Aires puso justicia ya que esa superficie es una propiedad privada.
Pero el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, dejó interrogantes en el aire sobre su real predisposición para dar paso a la orden judicial de sacar a los intrusos, en virtud de distintos gestos expresados en sus habituales apariciones públicas.
Tal vez la más preocupante de todo fue la de considerar que entre los barrios privados en su provincia también hay casos que deberían enmarcarse en el concepto de la usurpación. Llamativo.
En cuanto a la recuperación del campo tomado por los seguidores del dirigente social Juan Grabois amparados en la disputa familiar sucesoria planteada por Dolores Etchevehere contra su madre y hermanos, luego de que una jueza entrerriana dispusiera la salida de los intrusos el presidente Alberto Fernández coincidió con el amplio sentir ciudadano que considera a las tomas de terrenos privados como inconstitucionales, pero opinó que, después de todo, el proyecto de Grabois “no es descabellado”.
¿En qué postura está? El activista lo que impulsa es que el Gobierno busque tierras fuera de los centros urbanos, en zonas rurales, para que la gente que no tiene su propiedad viva en ellas y las explote.
Además, el Presidente pretendió en todo momento limitar el hecho a una disputa intrafamiliar “de ricos”, cuando en realidad lo que estuvo en evidencia fue el astuto juego de la organización liderada por el dirigente social en asocio una hija de los Etchevehere en disputa con su familia, que ya tenía antecedentes en toma de terrenos también con pretextos reivindicativos.
Al margen del tenso clima social que se vive en el país con motivo de la crisis económica que agudizó la pandemia, debe esperarse del Gobierno una actitud mucho más firme y decidida la hora de dar seguridad a la población con algo tan vital como es el cuidado de la propiedad privada.
La Constitución Nacional es clara y determinante. “La propiedad privada es inviolable y ningún habitante puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada”. “La confiscación de bienes quedan borrada para siempre del Código Penal argentino. Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones, ni exigir auxilios de ninguna especie”.
El apego a la norma constitucional debe ser un requisito a exigir por la ciudadanía a los gobernantes de una manera clara, explicita.
En ese marco, lo que afirmó el presidente Fernández con relación a las ideas del dirigente Grabois potencian las sospechas de que el rumbo tomado no es del todo transparente.
La argumentada donación que Dolores Etchevehere hizo para la explotación agrícola que promueve el audaz dirigente kirchnerista no justifica de ningún modo la toma prepotente que se hizo en Entre Ríos de toda una propiedad.
Hay cuestiones en las que el gobierno no se puede permitir el beneficio de la duda, como en las ocupaciones, porque lo que está en juego es el respeto o no a la ley.
