La dirigencia política en su conjunto se encamina a cerrar el año legislativo con varias cuentas pendientes por parte del Congreso, el ámbito donde se deben hacer los mayores esfuerzos por lograr consensos.
Entre lo incumplido se encuentra nada menos que la indefinición sobre los aspirantes a la Corte Suprema de Justicia propuestos por el Poder Ejecutivo, los doctores Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla.
Se trata de una determinación que debía adoptar el Senado, pero que no ocurrirá, ya que el periodo ordinario de sesiones terminó el 30 de noviembre y el temario del Gobierno para sesiones extraordinarias no pidió la decisión sobre el tema.
La definición es muy importante, ya que se deberán cubrir dos vacantes por jubilación: la del doctor Juan Carlos Maqueda, al finalizar este último mes del año, y la de la doctora Elena Highton de Nolasco, producida en el año 2021.
Por lo tanto, el máximo tribunal de justicia de la Nación quedará en breve funcionando con sólo tres miembros.
Posteriormente, el Presidente podrá apelar a la vía del decreto para incorporar a sus dos nominados hasta que vuelvan, en marzo, las sesiones ordinarias del Senado y se consideren formalmente dichas incorporaciones.
Pero hay que tener en cuenta que la posibilidad de la decisión extrema para sumar a los dos jueces al máximo tribunal seguramente generará objeciones y más polémica desde los sectores de la oposición.
Es justo reiterar que la postulación para la Corte del actual juez federal Lijo generó mucha polémica por algunos de sus antecedentes como magistrado. Hasta el Senado llegaron numerosas objeciones de parte de profesionales y de distintas organizaciones del derecho y de otros ámbitos de la comunidad.
Pero la definición nunca avanzó e incluso quedó inmersa en medio de versiones de especulaciones entre el oficialismo y el kirchnerismo para acordar la aprobación del mencionado magistrado.
De ser así, se puede concluir que una vez más la Corte Suprema de Justicia del país ha vuelto a estar este año en medio de tirones especulativos y juegos de intereses de la política. Lamentablemente, nada que no hayamos visto antes en la Argentina. Recuérdese al respecto que la Corte se mantuvo en la mira del kirchnerismo desde que este espacio se hizo cargo del gobierno en 2003. Y entre los tiempos de extrema animosidad se encuentran los de la presidencia de Alberto Fernández. En más de una oportunidad, funcionarios de esos gobiernos y allegados hicieron públicas críticas puntuales a los miembros del máximo tribunal como punto de partida de embestidas casi sin límites que nunca prosperaron por las firmes convicciones republicanas de los jueces supremos de turno.
En reiteradas oportunidades hemos señalado desde este espacio lo institucionalmente lamentable de dichas acciones, que colocan permanentemente al Estado al borde de un conflicto de poderes, trance complicado en todo sistema republicano. La Justicia, en todas sus instancias, necesita únicamente de personas que aporten a la necesaria independencia de poderes que marcan los preceptos republicanos dictados por la Constitución Nacional.
No deja de sorprender que el actual gobierno nacional, positivamente preocupado por aliviar cargas y obstáculos de distinta índole que afectaron durante décadas al grueso de la población, no haya dado señales claras sobre los pasos que pretende dar con la Corte y también para normalizar la actividad judicial federal en general en virtud de la gran cantidad de vacantes que hay en todo el país.
