En un trascedente fallo reciente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto la destitución de la fiscal anticorrupción de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, que condujo la investigación en una causa por la que finalmente se condenó a ocho años de prisión al ex gobernador justicialista de esa provincia Sergio Urribarri.
Por unanimidad de sus miembros, el máximo tribunal de justicia del país, en una última instancia de apelación, revocó la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos y declaró la nulidad de todo lo actuado desde la constitución del Jury que parte de la política promovió para expulsar de su cargo a la valiente fiscal. Es que la destitución de la funcionaria judicial que investigó al poder entrerriano generó en su momento enorme conmoción en la política, pero especialmente gran preocupación generalizada sobre el respeto que siempre merecen las instituciones.
Debe recordarse que la doctora Cecilia Goyeneche, procuradora adjunta en Entre Ríos, tuvo la virtud de desmontar una trama de corrupción que condujo luego a la condena a ocho años de prisión del ex mandatario provincial y también ex embajador en Israel. En el momento de la investigación fueron cinco hechos de malversación de fondos y negociaciones incompatibles con la función pública los que se comprobaron y condujeron a la dura sentencia, que incluyó la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Nada más grave que comprobar que las irregularidades por las que Urribarri fue investigado y luego sentenciado se produjeron durante su paso por la Gobernación.
La Corte, con su pronunciamiento, demostró que la línea de investigación que condujo a la destitución de la fiscal no estuvo basada en la del ex gobernador Urribarri, sino por su participación en otra causa en la que, según quienes la juzgaron, debió excusarse. Esto es demostrativo de que el poder político de turno encontró en aquel momento el atajo justo para embestir sin necesidad de salir a contrarrestar una situación prácticamente indefendible, como fue la del ex jefe del gobierno de Entre Ríos, ahora detrás de las rejas.
Por otra parte, el juzgamiento y destitución de la fiscal constituyó claramente un mensaje a otros tantos magistrados judiciales que en la Argentina se encuentran investigando denuncias de corrupción e irregularidades vinculadas con el ejercicio de la función pública.
En su momento, la Corte de Justicia de la Nación había instado al tribunal superior de Entre Ríos a que decidiera sobre un planteo de la fiscal cuestionando la constitución del tribunal que luego la destituyó. Sin embargo, la Corte entrerriana se apuró, sí, pero sólo para ratificar a los miembros de ese tribunal claramente alineado con la opacidad política en la que hurgó la funcionaria judicial.
Por lo tanto, desde lo institucional es gratificante lo ocurrido a partir de este fallo reivindicatorio emitido por la Corte nacional respondiendo a las apelaciones de la defensa de la por entonces destituida fiscal entrerriana. Un fallo que va en línea con otros recientes pronunciamientos del máximo tribunal en lo relacionado con causas que involucran a la familia Kirchner y que necesariamente deberán ser puestas a consideración de los jueces de turno. En la investigación de hechos de corrupción no puede haber excepciones.
