La aceleración de la inflación está provocando un considerable aumento de la pobreza. Esto no sólo representa una mala noticia que refuta el reciente informe del Indec que marcaba un descenso de la pobreza en el primer semestre de este año. Además, permite conjeturar que la tensión social de las últimas semanas no cederá.
El Indec, a finales de septiembre, anunció que la pobreza en el primer semestre de 2022 alcanzaba al 36,5% de la población. Un porcentaje muy similar al resultado del segundo semestre del año pasado (37,3%) –aunque con un significativo aumento de la indigencia–, pero algo inferior al del primer semestre de 2021 (40,6%).
El problema es que estos datos se difunden con un atraso importante: recién en marzo del año que viene sabremos la proporción de pobres que se detectó en este segundo semestre.
Mientras tanto, hay que manejarse con estimaciones. Y un punto clave para hacer esas proyecciones es la inflación, que este año se ha acelerado trimestre tras trimestre: entre enero y marzo, rondó el 16%; entre abril y junio, superó el 17%, y entre julio y septiembre marcó 22%. Hoy, la expectativa inflacionaria es que en el último trimestre del año orille el 20%.
En los hogares de bajos ingresos, hay mucho trabajo informal. Esos trabajadores son los que sufrieron la mayor pérdida de su poder adquisitivo. Para colmo, los alimentos aumentaron por encima del índice de precios; y el gasto en alimentos, proporcionalmente, tiene un impacto más alto en los hogares con bajos ingresos que en los hogares del segmento superior de la pirámide socioeconómica.
En consecuencia, como la inflación encarece mucho el costo de las canastas básicas que se usan para determinar las líneas de pobreza e indigencia, una mayor cantidad de hogares quedan incluidos en esa franja.
La canasta básica alimentaria se compone de los alimentos que una familia tipo –dos adultos y dos hijos menores– consume por mes y marca la línea de indigencia. La canasta básica total, para ese mismo núcleo familiar, además de comida, incluye algunos bienes y servicios no alimentarios, como vestimenta, transporte, educación y salud, entre otros, y sirve para fijar la línea de pobreza.
Los datos más recientes son del mes pasado: la canasta básica total rondaba los 120 mil pesos, y un sueldo mínimo apenas superaba los 50 mil pesos. El deterioro salarial frente a la inflación provoca que la brecha entre ambas cifras crezca mes a mes.
Así las cosas, más gente queda por debajo de la línea de la pobreza y más gente queda por debajo de la línea de indigencia. Otro acuciante motivo para que el Gobierno entienda que debe revertir su política económica. Su “guerra” contra la inflación fracasó.
