Un dato distintivo de la campaña electoral en Mendoza, hacia las PASO del 12 de setiembre, es la participación como precandidatos de varios representantes del empresariado.
Un interesante compromiso que debe ser valorado, puesto que estas personas tienden a aportar al sistema aspectos y miradas del quehacer diario de la comunidad que no siempre son ponderados por la dirigencia política, o que se dejan de lado cuando la contienda por los votos finaliza.
Precisamente, de varias organizaciones empresariales y de la sociedad civil locales surgió en los últimos días un documento reclamando al Consejo de la Magistratura una pronta resolución de la situación del juez federal electoral de nuestra provincia, Walter Bento, quien se encuentra procesado por la supuesta comisión de graves delitos.
Concretamente, miembros del Consejo Empresario Mendocino, Valos, Nuestra Mendoza, AEM y ACDE, junto a Poder Ciudadano y otras organizaciones de alcance nacional, pidieron que sea suspendido en sus funciones el magistrado para garantizar un proceso electoral “en el que prime la transparencia, la imparcialidad y la confianza de la ciudadanía”, según lo que se indicó en el escrito dado a conocer.
Cabe recordar que fue el propio Bento quien optó por no apartarse del cargo al rechazar una propuesta de la Cámara Nacional Electoral para que diera un paso al costado, mediante el uso de licencia, hasta que se resolviera su situación procesal.
Agregan los empresarios peticionantes que quien se encuentre a cargo de un control eleccionario no puede ser objeto de sospechas por procedimientos totalmente contrarios a la transparencia y ecuanimidad que exige la correcta administración de justicia.
Y también señalan que el Consejo de la Magistratura debería expedirse a la brevedad por ser, a su vez, de fuerzas políticas que competirán en las elecciones venideras.
Del problema que significa la situación procesal del doctor Bento para el rumbo electoral en esta provincia ya nos referimos en nuestro artículo editorial del domingo anterior.
Señalamos entonces que, además del condicionante que suponen los graves cargos en su contra, ha sido mal ponderado a través del tiempo por su acercamiento al kirchnerismo a través de resoluciones que, por ejemplo, lo convirtieron en herramienta para la intervención de un medio de comunicación audiovisual al que el Gobierno de entonces había puesto en la mira por intereses políticos.
Justamente, la intención de este grupo de empresarios sobre la no permanencia del juez Bento en funciones mientras es sometido al Jury de Enjuiciamiento se verá necesariamente condicionada a la puja política imperante en el Consejo de la Magistratura, ya que la pulseada entre mayorías y minorías es la que terminará determinando los pasos a dar.
El reclamo de empresarios alertados por la permanencia en funciones del magistrado también actúa como reflejo de una sociedad que expresa, según la mayoría de las encuestas, su cansancio por el destrato de la clase dirigencial.
Y la baja consideración sobre la Justicia, el poder del Estado en el que más debería confiar todo ciudadano, aumenta cuando quienes están a cargo de administrarla tienen antecedentes que ponen en duda su capacidad e idoneidad.
Que instituciones de la república y organizaciones de la sociedad pidan al mismo tiempo por su apartamiento, debería hacer meditar al juez.
