Ciertos datos estadísticos revelan el impacto de la alta inflación en el consumo y, por ende, en gran parte de la actividad. La demanda interna genera dos tercios de la economía local.
El secretario de Comercio Interior de la Nación, Roberto Feletti, reconoció que la suba de precios en enero fue similar a la registrada en diciembre, al tiempo que estimó que se mantendrá en esos niveles también en el recién finalizado mes de febrero.
La inflación fue de 3,8 por ciento en diciembre de 2021 y alcanzó al 50,9 por ciento en el año. Para 2022, economistas y entidades consultados por el Banco Central prevén un alza de casi 55 por ciento.
Este nivel de inflación provoca una reducción en la capacidad de endeudamiento de las familias, cuyos ingresos registran incrementos por debajo de la suba de bienes y servicios.
El saldo total de préstamos al sector privado fue en enero de 4,26 billones de pesos, un incremento de 49,3 por ciento en los últimos 12 meses, inferior a la inflación del período. No sólo está afectada la capacidad de crédito, sino también el consumo a través de tarjetas de crédito, que sólo aumentó 0,2% el último mes.
Las limitaciones mencionadas anticipan que el consumo privado tendrá un crecimiento raquítico este año.
“El consumo seguirá evolucionando a un ritmo bajo, del cuatro por ciento, a partir de una pérdida de potencia a medida que termine el verano”, señaló un informe de la consultora ABC. Esto se produciría a partir de una disminución del ingreso disponible por el aumento de las tarifas, y la continuidad del empobrecimiento de la clase media, explicó.
Tales datos prefiguran un escenario complicado para el Gobierno nacional, que propuso al Fondo Monetario Internacional (FMI) reducir el gasto público por debajo del crecimiento de la economía, que se proyecta en torno del cuatro por ciento. Esa expansión será difícil de alcanzar en el actual contexto.
El estancamiento en los niveles de crédito y del consumo de tarjetas muestran las dificultades que tienen las familias para atender los gastos del hogar.
El ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, sugirió que las paritarias deben cerrarse con un incremento anual del 40 por ciento, sujeto a revisión por una suba de precios superior. Sin embargo, las organizaciones gremiales anticipan que demandarán un ajuste por encima del 50 por ciento.
La posibilidad de alcanzar esa mejora está lejos de las expectativas de jubilados y pensionados, de trabajadores informales y de empleados públicos.
El Gobierno nacional concentra su artillería en las políticas de control de precios, que ya demostraron su ineficacia.
La verdadera disyuntiva oficial no puede estar planteada sobre qué nivel del Estado controla mejor los precios sugeridos, sino en atacar la causa de fondo de la inflación.
Esta no es otra que la desorganización de los distintos niveles de gobierno, sobre cuya racionalidad y limitación existen muy pocas líneas de acción.
Las señales sobre las limitaciones del crecimiento del consumo deben convertirse en un llamado de atención para las autoridades.
