Las tramas de corrupción enquistadas en la función pública en nuestro país siguen trascendiendo, especialmente cuando jueces y fiscales independientes de influencias logran sacar a flote causas que ponen en evidencia gravísimos delitos.
En estos días, el Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos dedicó un importante capítulo referido a la Argentina en un informe sobre la práctica de los derechos humanos en el mundo.
La información difundida sobre nuestro país fue incluida en un capítulo extenso en el que se aportan detalles relacionados a 2023, último año del gobierno del presidente Alberto Fernández.
En un capítulo que incluye corrupción en el Gobierno, se indica lo siguiente: “La ley preveía sanciones penales por corrupción de funcionarios, pero el gobierno no la implementó de manera efectiva. Durante el año hubo numerosos informes de corrupción gubernamental. Las instituciones débiles y un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado socavaron los intentos sistemáticos de frenar la corrupción”.
Puntualiza el trabajo un caso que sirve como ejemplo de corrupción en los ámbitos de gobierno. “(Cristina) Fernández de Kirchner y nueve implicados fueron acusados de recibir sobornos, pagar sobornos, o ambos, en contratos de obra pública entre 2008 y 2015″.
Esta acusación incluye a sus dos presidencias.
Además, se hace referencia a la condena de seis años de prisión, aún no firme, que recibió la ex presidenta luego de que los fiscales que la acusaron en la causa de la obra pública estimaran en 160 millones de dólares el plan de soborno elaborado en aquella oportunidad.
El informe del gobierno de los Estados Unidos no se limita a los casos de corrupción en la conducción del Estado durante los años del kirchnerismo.
También hace referencia a causas que involucraron a integrantes de la Justicia, poniendo como ejemplo destacado la sentencia que recibió el juez federal de Mendoza Walter Bento, acusado de liderar una organización criminal ligada al tráfico de drogas, además de sobornos a cambio de beneficios a personas privadas de la libertad.
Lamentablemente, la imagen negativa del país en el plano institucional se completa con una mención a hechos de corrupción en las fuerzas de seguridad, tanto federales como regionales o provinciales.
Generalmente se menciona lo referido al vínculo y connivencia con sectores de narcotraficantes, de trata de personas, lavado de dinero y comercio sexual.
Sobre el tema puntual del narcotráfico, no deja de citarse la ola de amenazas y agresiones a medios de comunicación y periodistas de la ciudad de Rosario por parte de las organizaciones criminales.
Estas bandas, vale recordarlo, desbordaron el control de la seguridad por parte del Estado y ahora se busca neutralizadas con la presencia de efectivos federales.
Información contundente y real de lo que ocurre en la Argentina en lo referente a procedimientos corruptos en el ejercicio del poder.
Datos que marcan un pasado reciente cargado de irregularidades que la Justicia no pudo esclarecer a tiempo, en muchos casos, por presiones que generaron temores.
Una situación de la que deben tomar nota las nuevas autoridades nacionales, para encarar modificaciones que garanticen de una buena vez transparencia en la nominación de postulantes a cargos judiciales, siempre con la mirada puesta en un ejercicio de la función pública despojado de influencias y corruptela.
