El gobierno nacional atraviesa por una crisis política importante. Si bien los argentinos estamos bastante acostumbrados a este tipo de situaciones, esta situación que se presentó luego de las elecciones del domingo tiene una particularidad: es acentuada y potenciada por las diferencias internas en el frente gobernante que, ahora sí, salieron a la luz y dejaron de ser meros trascendidos.
Si las PASO hubiesen resultado medianamente favorables para el Gobierno, probablemente estas desinteligencias, que desembocaron en la actual gestión y que quedaron de manifiesto públicamente con la puesta a disposición de sus cargos de un número considerable de ministros del Ejecutivo y titulares de organismos y empresas del Estado, hubiesen quedado ocultas una vez más.
Hace tiempo que la vicepresidenta de la Nación, que es la principal inspiradora del espacio que está al frente de la administración de la Argentina, viene dando a entender de forma cada vez más explícita su descontento con las políticas públicas y con muchos de quienes las ponen en práctica. El Presidente y varios de sus colaboradores son los destinatarios de las críticas.
Si entre las partes en conflicto no llegan a un punto de acuerdo es probable que se haga efectiva una ruptura explícita, concreta, en el oficialismo. Mientras tanto, el grueso de la ciudadanía, que en forma mayoritaria acaba de expresar su descontento con el rumbo del país bajo la actual administración, observa con notable asombro los efectos de la derrota en las urnas que sufrió el espacio gobernante.
Lamentablemente, semejante tensión coloca en una posición endeble al titular del Ejecutivo y sus funcionarios cercanos de cara a la población.
Ni siquiera la eventual solución de esta crisis interna serviría para atemperar la desconfianza y el descreimiento en el Gobierno que potencian en la ciudadanía estos lamentables hechos.
Y sin necesidad de involucrarse en la discusión entre dirigentes de la agrupación política gobernante, la oposición también deberá observar con atención los actuales sucesos, porque es su responsabilidad mantener y garantizar el normal funcionamiento de las instituciones de la república en momentos complejos como el actual.
El mandato constitucional del presidente de la Nación debe ser defendido hasta las últimas consecuencias. Precisamente, la Argentina vivió hace ya dos décadas la última gran crisis institucional con la renuncia de un presidente de la Nación a mitad de su mandato, luego de haber perdido su espacio las elecciones legislativas de medio término y sin el respaldo institucional de su vicepresidente, porque ya no estaba en funciones; había renunciado por diferencias, como las que ahora separan al titular del Poder Ejecutivo y su vice.
Un hombre de Estado a cargo del gobierno no sólo debe saber sortear las dificultades propias de su gestión y las desinteligencias internas, como las que hoy le plantea al presidente de la Nación una importante facción de su propio espacio. Un estadista debe saber refugiarse del temporal político amparándose en los mecanismos que le otorga la Constitución para ello, como, por ejemplo, tender puentes con la oposición para poder garantizar gobernabilidad, principio fundamental de la vida democrática.
