En julio tuvimos el índice de precios al consumidor (IPC) más alto del año. Y de las dos últimas décadas: 7,4%. Superó al 6,7% de marzo y fue el más alto desde abril de 2002, cuando la suba fue de 10,4%, tras el abrupto final de la convertibilidad.
Así, Argentina ya acumula en los siete meses de este año un 46% de inflación. Pero, si se la mide de julio de 2021 a julio de 2022, alcanza un 71%. A este ritmo, la inflación de 2022 superaría el 90%, y no sería extraño que llegase al 100 por ciento.
Con una inflación de este rango, a nivel internacional Argentina sólo es superada por Líbano, Sudán, Venezuela, Siria, Zimbabue y Turquía.
Como contrapartida, en los países de la región, la inflación anual oscila entre un 13% (Chile) y un 9% (Uruguay y Perú), con la extraordinaria excepción de Bolivia (2%) y de Ecuador (casi un 4%).
Las comparaciones son importantes. Permiten refutar el discurso oficial que justifica la aceleración de nuestra inflación, por un lado, en la invasión de Rusia a Ucrania, y, por otro lado, en una supuesta especulación de los productores de alimentos.
La realidad es que la inflación de cualquier país depende casi exclusivamente de factores internos.
Y que otras naciones productoras de alimentos están muy lejos de registrar los niveles de inflación que se observan en Argentina.
Es más, las recurrentes crisis políticas que ha atravesado Perú en los últimos años no generaron una aceleración inflacionaria, porque no hay dudas sobre la hoja de ruta macroeconómica y la autonomía del Banco Central de ese país.
En otros términos, si se protegen las decisiones económicas más elementales de los vaivenes políticos, la inflación anual puede aproximarse a la que nosotros tenemos en poco más de un mes.
Pero nuestro caso es el inverso. A la política argentina en general, y sobre todo al peronismo en particular, le gusta controlar todas las variables económicas.
Los controles de precios, los cepos cambiarios, la fijación de las tarifas de los servicios, la administración del comercio exterior con el otorgamiento de cuotas tanto a importadores como a exportadores constituyen el abecé de la gestión estatal.
Y todo eso ocurre bajo el lema de que el Estado es el que motoriza y hace crecer la economía.
Un Estado deficitario que gasta más de la cuenta y que presiona al sector privado con una maraña de impuestos distorsivos para asegurarse crecientes ingresos.
Un Estado que se financia con emisión de dinero o de deuda.
Un Estado que acaba de refinanciar a un año una deuda de dos billones de pesos con una cláusula de actualización contra la inflación o contra la devaluación del peso, la que más beneficie al acreedor, para garantizarse el nuevo préstamo.
En consecuencia, ningún superministro podrá revertir la tendencia inflacionaria sin un plan macroeconómico consistente que apunte a liberar la economía y a reducir el gasto estatal.
El presidente Alberto Fernández afirmó en su oportunidad que no creía en los planes, y así le fue, dejando la Argentina a la deriva de los vientos. Aún tiene este gobierno la oportunidad de fijar un objetivo y manejar el timón del Estado para llegar al mismo con herramientas adecuadas.
