Merece ser destacado el trámite por el cual la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción, en general y con clara mayoría, al paquete de reformas impulsadas por el gobierno nacional en un singular megaproyecto, llamado “ley ómnibus”, que define su plan de gobierno.
En efecto, no es habitual que un abanico político representado en el Congreso dé aprobación en poco menos de 60 días de gestión a una propuesta de tan amplio alcance.
Para ello, el trabajo en comisiones y la discusión en el pleno del cuerpo legislativo ocuparon la mayor parte del primer mes del año, en el marco de un período extraordinario de actividades parlamentarias que pidió el Poder Ejecutivo.
Al abordaje en el recinto de sesiones, que duró más de 30 horas divididas en 3 jornadas, se llegó luego de intensas discusiones en comisiones, en las que, además del acalorado debate político, se escuchó la opinión de representantes de diversos sectores de la comunidad alcanzados por la legislación promovida.
De todas las apreciaciones recogidas y de las discrepancias entre los bandos partidarios representados en el Congreso surgieron modificaciones y supresiones en el contenido que el propio Ejecutivo aceptó llevar a cabo para favorecer el consenso y no perder la oportunidad de contar con dicho instrumento de gestión.
Además, el oficialismo debió tomar nota de los aspectos objetados desde la oposición en virtud del discreto peso político que le otorga su muy reducida representación parlamentaria.
Quedó claro que en el apoyo que el oficialismo recibió de parte de sectores que en todo momento se definieron como garantes de la gobernabilidad existieron planteos de forma y no de fondo con relación al contenido del plan de gobierno de la presidencia de Milei.
Esto se traduce en un reconocimiento de que los desaciertos de la anterior gestión motorizaron una crisis a la que sólo se puede contrarrestar poniendo en práctica muchas de las propuestas de las nuevas autoridades.
Como indicamos con anterioridad en este espacio, es favorable que el Congreso cuente con un enorme protagonismo en virtud de la profundidad de las medidas puestas a consideración, la expectativa social por las mismas, según el resultado de la segunda vuelta electoral, y los efectos de su progresiva aplicación, que puede demandar un tiempo perentorio según lo expresado desde el nuevo gobierno.
El momento que vive la Argentina hace imprescindible el diálogo entre políticos. Hasta en los tiempos más difíciles debe prevalecer la templanza que conduzca, como en este caso a nivel parlamentario, a un grado de aplomo acorde con las difíciles exigencias que la emergencia impone. Por lo tanto, sería apropiado que cesara la oposición lisa y llana de quienes representan al anterior gobierno, como también que desde el Poder Ejecutivo se ponga fin a calificativos hacia una dirigencia que en esta oportunidad mostró responsabilidad institucional.
Por último, es de lamentar que las fuerzas de seguridad tuviesen que estar presentes para frenar desbordes producidos por integrantes de sectores reaccionarios en las calles, pero con muy poco peso político en las urnas, según su reducida cantidad de legisladores. Esa reiterada y criticable metodología impide la presencia de quienes sí desean manifestarse pacíficamente para plantear diferencias con las políticas en discusión.
