Como la inflación se desaceleró en medio de una fuerte recesión, la caída de la actividad impacta en el mercado laboral. Por ello, ya hay encuestas que registran que la desocupación se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la sociedad.
Los primeros datos que corroboran esa inquietud pueden parecer insignificantes, pero habría que tener en cuenta que son los primeros y que la ola de despidos recién estaría comenzando.
Según el Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina, en mayo se cumplió un año con retroceso en la actividad industrial: desde mediados de 2023, mes a mes, la industria reduce su producción.
En el primer semestre de 2024, la contracción equivaldría al 12,6% y se habría acelerado la caída del empleo asalariado: sólo en mayo, se perdieron unos cinco mil puestos de trabajo; ese escenario se terminaría de consolidar con los números de junio.
Un estudio del Centro de Economía Política es más impactante: entre noviembre de 2023 y abril de 2024, se perdieron unos 170 mil empleos registrados y cerraron casi ocho mil empresas.
Las estadísticas del Indec parecen corroborar estos informes privados: en el primer trimestre de este año, en comparación con el cuarto trimestre del año pasado, el empleo registrado tuvo la peor performance de los últimos ocho años al caer 1,25%.
En ese contexto, se infiere un nuevo crecimiento de la informalidad laboral, que ya de por sí es alta. Hoy, el 40% de la población ocupada o asalariada trabaja en condiciones de informalidad.
Esto es, trabajadores que no gozan de los derechos que les otorga la legislación, sino que tienen ingresos inestables y bajos, sin aportes jubilatorios, ni antigüedad ni indemnización por despido, entre otros elementos que marcan la desigualdad respecto del empleo formal registrado.
Fundar, una organización sin fines de lucro que estudia políticas públicas, comparó la situación de informalidad laboral que presentaba cada provincia con datos actualizados a 2022. Chaco y Salta, junto a otras provincias del norte, presentaban los índices más elevados. En el otro extremo, se ubicaron las provincias del sur y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Pero si se evalúan las jurisdicciones más grandes por cantidad de habitantes y por su aporte al producto bruto, Córdoba encabeza el ranking de la informalidad.
Como es lógico, la informalidad creció, mientras el empleo formal no. En este sentido, no habría que olvidar que en 2012 y 2022 el país tuvo la misma cantidad de empleos privados formales. En esos 10 años, los monotributistas aumentaron más un de 75% y los trabajadores del sector público crecieron un 30%.
En un escenario de inestabilidad económica constante, sumar empleados formales resulta muy costoso, incluso para el Estado, que en no pocos casos ha apelado a contratos temporales o ha incorporado personal bajo el esquema del monotributo.
Todos estos datos se traducen en un complejo y preocupante cuadro social que debiera ser el principal argumento a la hora de diseñar una reforma laboral que tenga por objetivo general disminuir la informalidad en el mediano plazo.
