Una jueza estadounidense falló contra el Estado argentino por no ofrecer las compensaciones correspondientes al reestatizar YPF, en 2012. Si bien la sentencia no está firme, el peritaje económico podría determinar que el país deberá pagarles unos U$S 15 mil millones a quienes promovieron el juicio, según los cálculos de algunos especialistas. En todos los casos, sea ese importe, más o menos, se trata de una suma extraodinaria.
En 2012, el Congreso de la Nación aprobó el proyecto de ley enviado por la entonces presidenta Cristina Fernández para que el Estado adquiriese el 51% del paquete accionario, que poseía la española Repsol, y recuperase el control de YPF.
Así planteada, la operación violaba los estatutos que la compañía tiene desde la década de 1990.
Expresamente, una cláusula fija que cualquier nuevo accionista mayoritario debe ofrecerle al resto la posibilidad de venderle sus acciones.
Es una forma de proteger a los accionistas minoritarios frente a cualquier cambio de control de la empresa.
Así fue como entró Repsol, en 1999.
Entonces, aquellos accionistas a quienes el Estado argentino no les hizo una oferta de compra iniciaron un juicio argumentando una flagrante violación del estatuto.
Argentina intentó que la demanda no prosperara.
Pero en junio de 2019 la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos le negó esa posibilidad.
Por lo tanto, el juicio siguió adelante y ahora tenemos un fallo en contra que abre el camino para determinar el monto de la indemnización.
El actual gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, era el ministro de Economía cuando el Gobierno se propuso recuperar YPF como un símbolo de soberanía.
Ante la sentencia en contra, a la que calificó de “absoluto absurdo jurídico”, propone una interpretación conspirativa: “Este es un año electoral, así que no me extraña que se vuelvan a meter los buitres”, dijo, como según él lo hicieron en 2015.
“Siempre contra la misma fuerza política, contra las mismas personas, incluso”, agregó, en alusión al peronismo y a Cristina Fernández.
Y concluyó: “A los buitres de afuera se les agregan los caranchos de adentro, que quieren usar esto a favor en la campaña”, una forma despreciativa de señalar a Juntos por el Cambio, ya que Mauricio Macri acordó pagarles a los fondos buitre que no habían entrado en los canjes de deuda externa de 2005 y de 2010, y que contaban con dos fallos a su favor.
Lo cierto es que, cuando era ministro y fue al Congreso a defender la propuesta de reestatizar YPF, Kicillof calificó como “tarados” a quienes pensaban que el Estado tenía “que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto”.
En otras palabras, aceptó entonces que se iba a violar el estatuto; y ahora que un fallo judicial dice que efectivamente se violó la norma, tiene la impudicia de afirmar que se trata de otro caso de lawfare: absurdidades jurídicas que se redactan para perseguir a políticos con nombre y apellido, con la colaboración de la oposición.
El fallo es de pura lógica: el Estado argentino no respetó la ley y generó un cuadro de inseguridad jurídica. Irracionalidad política que terminaremos pagando todos los argentinos.
