El crimen de un comerciante en La Matanza reinstaló el debate político y popular sobre la inseguridad.
Uno más entre decenas de sucesos siempre lamentables y muchas veces trágicos.
Cabe señalar que en ese mismo distrito con posterioridad un jovencito que atendía una panadería fue brutalmente atacado con un cuchillo y murió.
Se trata no sólo de un problema de la provincia de Buenos Aires; si bien allí y en el resto del país hay zonas más y menos conflictivas, los asaltos y asesinatos ocurren en cualquier lugar y en cualquier momento.
Debe tenerse presente que la inseguridad es una cuenta pendiente de la dirigencia política en general durante décadas.
Casi a la altura del flagelo de la pobreza.
En este dramático caso que nos ocupa no faltó la chicana política.
En el gobierno nacional, como también en el de la provincia de Buenos Aires, buscaron relativizar el drama y atribuyeron a la oposición y a los medios periodísticos haber incentivado la marcha multitudinaria de repudio al asesinato del quiosquero que se realizó el lunes en Ramos Mejía, como las sucesivas manifestaciones de descontento por la reiteración de delitos de todo tipo.
Una postura bastante lamentable por parte de las autoridades, que, además, acusaron al periodismo de sumarse a la campaña de la oposición, cuando, en realidad, lo que se hizo fue reflejar la magnitud del descontento popular, que no generó desmanes pese a la justificada reacción.
Por otra parte, la sucesión de dramáticos hechos reaviva un debate que necesariamente tendrá que definir la dirigencia política con seriedad y el debido consenso: el cumplimiento de las penas por parte de quienes delinquen.
Los hechos ocurridos en los últimos días, como tantos otros que no siempre llegan a trascender públicamente, cuentan con la participación de personas que por una u otra razón resultaron favorecidas por excarcelaciones previas al cumplimiento de sus respectivas condenas.
Entre ellas se encuentran las muy cuestionadas liberaciones masivas dispuestas desde el poder con motivo de la pandemia de coronavirus y respondiendo a sugerencias de influyentes juristas comúnmente identificados con lo que se denomina corriente judicial garantista.
Además, en estos días se reinstaló el necesario debate sobre la edad de imputabilidad de los menores que delinquen, teniendo en cuenta la sucesión de hechos en los que los responsables son jóvenes de corta edad, que por lo general se valen de armamento y estrategias delictivas que hablan de un fácil acceso al deplorable mundo del delito.
En síntesis, la inseguridad debe alertar de una buena vez a la dirigencia política para generar los mecanismos de prevención y sanción que viene reclamando desde hace tiempo gran parte de la sociedad.
La reacción ciudadana recientemente ocurrida en un distrito de la provincia de Buenos Aires tiene que ser tenida en cuenta por las autoridades de otras zonas del país, incluyendo a Mendoza, porque es siempre necesario prevenir desde el Estado un verdadero flagelo que pone en riesgo el derecho a vivir en paz. Y para ello todo que se haga será siempre poco, por lo que siempre hay que hacer más.
