A esta altura del conflicto que sostienen hospitales, clínicas y sanatorios privados con las grandes obras sociales, queda como percepción que nadie hace nada para zanjar las discrepancias y devolver a la sociedad un derecho que no se está honrando.
La encerrona se plantea en dos escenarios bien definidos, que no son novedosos: el atraso en los pagos de parte de las obras sociales y el reclamo de los profesionales de la salud por la actualización de aranceles. En el marco de una atención resentida que recae sobre los pacientes, algunos médicos alegan que no cobran desde hace meses.
Como un efecto cascada, el conflicto que detonó en la provincia de Córdoba con el cobro de copagos a los beneficiarios ya tomó alcance nacional y va sumando a prestadores de distintas especialidades, algunas de ellas de impostergable atención.
Nada justifica que la situación de conflictividad constante en el sistema de salud público y privado impacte siempre sobre los usuarios. Pero el Estado ausente parece no escuchar a los equipos de salud que cobran sus servicios con morosidad exasperante, en el contexto de una espiral inflacionaria que licúa los ingresos a un ritmo diario.
La atención a la discapacidad supone una entrega profesional de alto valor social y humanitario (sin desmerecer al conjunto de las otras ramas médicas) que se requiere en cualquier etapa de la vida, aunque con mayor frecuencia en la adultez. Son proveedores como tantos que no pueden depender de los humores financieros de las obras sociales.
Está en riesgo nada menos que el objetivo crucial de asistir y de mejorar la calidad de vida de las personas con distintas patologías de discapacidad.
Es improcedente que (como denuncian los expertos en esa sensible problemática) los aranceles en cuestión se ubican por debajo de los mínimos éticos establecidos por la Agencia Nacional de Discapacidad y los colegios profesionales. Un problema de vieja data que no puede estar al margen de las profusas promesas de campaña que propalan los candidatos a cargos electivos de cara a las elecciones nacionales del 22 de octubre.
El asunto amerita urgentes medidas de remediación. Sin embargo, algo no estaría bien encaminado. Sin diálogo ni voluntad de consensos, será difícil edificar una salida al encierro. Pero no deja de sembrar dudas el interrogante de siempre: ¿por qué obras sociales como Pami no cumplen con los pagos pendientes por los servicios prestados?
El sistema de salud está en crisis. Es hora de asumir las responsabilidades, antes de que sea tarde
