Como una suerte de saldo de la llamada “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, el Gobierno nacional resolvió disolver por decreto una serie de fondos fiduciarios públicos que estaban vigentes con rango de ley y que beneficiaban a la población en una amplia variedad de rubros.
Uno de esos sistemas de distribución –que la administración central enviaba en formato de fideicomiso a varias jurisdicciones del país– tenía relación con una problemática crucial para muchas provincias: la protección del bosque nativo, degradado por los incendios forestales y por la deforestación a mansalva, entre otros factores.
Ello se enmarca en la avanzada desregulatoria y en la eliminación de partidas que llevan adelante el presidente Javier Milei y su equipo de ideólogos en la gestación de las reformas propuestas. En ese grupo tiene una injerencia decisiva el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Lo concreto y para nada auspicioso es que el Poder Ejecutivo publicó el decreto 888/2024, por el cual dio de baja el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Fobosque).
Este instrumento fue creado por ley en 2018, tomando como referencia la ley de bosques número 26.331.
El propio Sturzenegger alegó presuntos manejos poco transparentes de esos fondos en algunas provincias, lo cual será dirimido en el ámbito de la Sindicatura General de la Nación, un organismo que arrastra fuertes sospechas de acomodos políticos.
Por el sistema fiduciario, la ley respectiva contempla que el 70% de los envíos ahora eliminados corresponden a los propietarios de los campos y bosques, y un 30% para las provincias. Como resultado del referido decreto, esos dineros pasarán al Tesoro Nacional, en un enroque que despierta más incertidumbre que certezas.
Los ambientalistas advierten que la protección de los ecosistemas se ve seriamente amenazada por esta decisión del Gobierno nacional. De igual modo, desconocen qué va a pasar con la asignación presupuestaria 2024, al tiempo que reclaman para canalizar la de 2023, todavía en grado de acreencia.
Es factible que los propietarios bajen las categorías de conservación, lo cual implicaría una señal de alerta que la política en general debe prestar atención.
En resumen, si el Estado tomó la decisión de abolir leyes específicas, entonces se tendrá que hacer cargo de la parte que le asignan esas normativas en alusión al cuidado de los ecosistemas. Ninguna innovación en el modo de gestión justifica prescindir de todo en aras de un ajuste impetuoso.
