L a creciente crisis económica del país repercute nítidamente en el funcionamiento del sistema de salud, generando un traslado de la demanda hacia el sector público debido a las dificultades cada vez mayores que tiene la gente para costear la atención en el ámbito privado.
Es uno de los tantos cambios de hábito de consumos, que, en este caso, termina repercutiendo negativamente en los servicios privados.
Esta variación fue descripta en un reciente artículo de Los Andes.
En esa oportunidad, en base a información oficial, se señaló que la demanda de atención pública comenzó a incrementarse significativamente en esta provincia a partir de 2020, año de la pandemia, pero en los últimos meses se acrecentó de tal manera que ya 55% de mendocinos busca respuesta en el sistema público de salud.
Justamente, se atribuye esa suba reciente a la crisis económica, que repercute en el presupuesto individual o familiar, y en menor medida a la decisión de muchos médicos de cobrar las consultas en forma particular, que también se lleva a cabo en virtud de la situación crítica que enfrenta nuestro país.
Por otra parte, si a la cobertura en hospitales se le suma la atención por parte de OSEP y PAMI, en Mendoza llega al 70% la población que recurre al sistema público.
Sin duda, se trata de un momento complejo para la atención que debe cubrir el Estado provincial, ya que ante la mayor demanda por parte de quienes dejan de estar cubiertos por el sistema privado hay que tener en cuenta que la crisis económica también afecta a las bases del sistema propiamente dicho.
Es efecto, la inversión en recurso humano es mayor y el mantenimiento de la infraestructura y tecnología también en virtud de la dolarización de la adquisición de insumos y la mayor demanda de los mismos por la creciente cantidad de pacientes a atender.
El panorama es complejo. El deterioro del poder adquisitivo, en paralelo con una mayor demanda salarial por parte de los profesionales de la salud en general, ha llevado en los últimos tiempos a muchos integrantes del sistema de salud de Mendoza a buscar otros destinos, preferentemente mejor remunerados y con mayores perspectivas de crecimiento profesional.
El tema no es exclusivo de Mendoza: en otros grandes centros urbanos del país se presenta la misma demanda de médicos y otros profesionales que se desempeñan en hospitales.
Queda claro que la salud, la sanidad en general, es uno de los servicios que el Estado debe garantizar sea cual fuere la orientación política de la administración de turno.
Con más razón esa función se debe tratar de optimizar ante situaciones adversas y conflictivas como las que afronta el país en estos tiempos.
Pero también hay que considerar que, a pesar de las turbulencias derivadas de las cíclicas crisis económicas argentinas, Mendoza muestra con satisfacción la calidad de sus servicios públicos de salud.
Varios de sus nosocomios han adquirido y mantenido prestigio nacional y son referenciales en el ámbito regional, con atención frecuente a personas que residen en otras provincias.
En ese contexto, todo esfuerzo presupuestario para consolidar el sistema debe ser bien visto.
