La presentación de la segmentación de tarifas de los servicios de electricidad, de gas natural y del agua potable plantea numerosos desafíos para el Gobierno nacional, y también para los usuarios.
La principal tarea compete a las autoridades, más allá de alentar a los consumidores a practicar la cultura del ahorro, que el kirchnerismo obvió durante las tres gestiones anteriores al subsidiar la demanda de energía sin ningún tipo de límite.
El gasto de unos 15 mil millones de dólares anuales en la importación de gas natural licuado y de electricidad de los países vecinos, para un Estado que carece prácticamente de divisas, obligó al equipo de Alberto Fernández a poner en marcha la segmentación de los subsidios.
Luego de 32 meses de gestión, la administración nacional firmó los contratos para la construcción del gasoducto que traerá el combustible desde Vaca Muerta, el segundo reservorio mundial de gas no convencional.
Adjudicar los mayores costos a la guerra desatada por Rusia en Ucrania, cuando la Argentina tiene un déficit en la generación de la energía que demandan familias y empresas, apenas encubre el cambio de paradigma que pone en marcha el Gobierno.
Los mismos dirigentes que aludieron al tarifazo aplicado por Mauricio Macri y que incluso acudieron a la Justicia para frenar los aumentos, intentan ahora justificar lo que impone la realidad global: la energía es cara y hay que saber usarla, incluso en los hogares.
La nueva segmentación se efectúa sin haber convocado a audiencias públicas, como demandaban en el pasado las actuales autoridades, y cuando hay cuatro millones de hogares que no se inscribieron en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (Rase).
Puede que en ese grupo existan familias que decidieron no anotarse, pero también es cierto que hay un núcleo social que no domina la tecnología o que se encuentra en zonas alejadas para cumplir con el trámite vía digital o presencial.
Habrá que tener en cuenta su situación en el momento en que reciben las nuevas facturas.
La secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón, informó de una suba de 30 por ciento para los clientes de Distribuidora de Gas del Centro, que presta servicios en Córdoba, Catamarca y La Rioja, y de 22,7 por ciento en los hogares atendidos por Epec para los consumos promedio.
Ambos porcentajes corresponden a la energía pura, sin incluir los numerosos impuestos y cargas que se añaden a esos valores, por lo que el aumento real para las familias será mucho más alto que los porcentajes mencionados.
La segmentación anunciada implica cambios en la política energética que ha venido aplicando el presidente Alberto Fernández.
También supone un cambio en la cultura de consumo por parte de los usuarios, y la necesidad de corregir numerosos temas grises que persisten tras los anuncios oficiales.
La consumación de esos desafíos recién permitirá alcanzar una Argentina más equitativa e inclusiva, como proclamaron, en forma anticipada, las autoridades.
Ello ocurrirá siempre y cuando aprendamos de una vez por todas de la experiencia y no dejemos atrasar las tarifas con actitudes demagógicas que luego cuestan carísimo.
