Los ataques de sicarios contratados por el narcotráfico siguen asolando Rosario, ciudad devenida el epicentro de las violentas organizaciones a cargo de la comercialización de drogas en nuestro país. Ahora la modalidad se trasladó a los edificios escolares.
En general, se trata de ataques con armas de fuego, en algunos casos metrallas, contra los frentes de los establecimientos educativos. La ocurrencia suele ser fuera del horario de clases, pero el temor queda flotando entre directivos, educadores y alumnos.
Ya se han registrado seis ataques en lo que va del año, concretamente desde marzo, en coincidencia con el inicio del ciclo lectivo. En la mayoría de los casos, además de los tiros, se encontraron notas dirigidas a presos vinculados con las conocidas bandas narcos de aquella zona.
Más allá de las balaceras, también fueron denunciadas intimidaciones recibidas en algunas escuelas mediante notas dejadas o bien a través de redes sociales o mensajes de texto. Desconcierto hasta en investigadores policiales y judiciales completan el desolador cuadro.
La violencia contra escuelas se suma a la ola tenebrosa que sufre la comunidad rosarina desde hace varios años y que parece no tener fin.
En los últimos tiempos las agresiones también se intensificaron contra comisarías y dependencias judiciales. Prácticamente, circular por la calle en muchas zonas de la populosa ciudad santafesina constituye un peligro para las familias. Nadie está a salvo de quedar inmerso en un tiroteo entre bandas narco o entre éstas y la policía, más allá de que la acción de los uniformados ha mermado en los últimos tiempos como consecuencia del incremento del actuar delictivo.
En varias oportunidades desde este espacio nos hemos ocupado de esta situación, que no sólo crece día a día sin mayor control; paulatinamente se extiende a otros puntos populosos de nuestro país con altas posibilidades de replicar el drama que se vive en Rosario.
Este año ya es considerado el de mayor violencia en aquella ciudad de la última década. En promedio, prácticamente hay una muerte por acción violenta por día. Una estadística tenebrosa.
La situación no encuentra un rumbo claro. Las autoridades no demuestran atinar en la coordinación. Policía y justicia de Santa Fe aducen verse desbordadas.
A través de la política, han trasladado en más de una oportunidad la resolución de la situación al gobierno nacional, que tampoco ha podido efectuar un aporte convincente mediante las fuerzas de seguridad que están bajo su órbita. Ni siquiera se ha podido observar algún tipo de coordinación entre jurisdicciones. Nadie demuestra tener la voz de mando.
Esta tremenda falencia, al no existir una clara política nacional que ayude a las provincias afectadas a combatir el delito organizado, juega en contra de las poblaciones asoladas, como la de Rosario. La suerte de la población queda en manos de delincuentes.
Otra clara demostración de los perjuicios que genera la carencia de consensos políticos. El combate al narcotráfico ya merece ser abordado como una política de Estado, de modo que ante la eventual alternancia quien asuma esté en condiciones de saber cuál es el rumbo.
