En el país hay cientos de biblioteca populares distribuidas en pequeños pueblos, distritos, y ciudades de distinta composición poblacional. Son sedes donde cualquier ciudadano, especialmente los de menos recursos, pueden consultar libros de la Literatura universal, nacional y regional, con atención a todos los gustos y con vasta oferta para niños y adolescentes.
Los asociados, que pagan cuotas muy por debajo de las necesidades de subsistencia de las entidades, pueden asistir a cursos formativos, de fotografía, idiomas, teatro, pintura y otros, además de participar de los clubes de lectores que la mayoría posee.
Las bibliotecas populares fueron creadas por Sarmiento en 1866. La primera, la Biblioteca Popular Franklin, en la provincia de San Juan.
Dependen de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip), donde ha sido designado como titular del organismo, en reemplazo de la histórica María del Carmen Bianchi, el periodista Raúl Escandar, quien posee amplia experiencia como bibliotecólogo y editor de libros.
Pero, no obstante que se espera mucho de su gestión, los alcances y prerrogativas de la Conabip están alcanzados por la “ley ómnibus” enviada al Congreso nacional por el presidente de la Nación, Javier Gerardo Milei. Por lo que es posible esperar que la Comisión sufra recortes que limiten su accionar, lo cual no sería una buena noticia para la cultura.
Una de las posibilidades de las bibliotecas populares es adquirir cada año ejemplares en la Feria del Libro de Buenos Aires. Las entidades del interior enviaban a sus representantes para adquirir importantes partidas de libros a precios promocionales, y así incrementaban el acervo literario de las organizaciones en beneficio de los lectores de sus comunidades.
¿Cómo las afectaría de aprobarse el proyecto en el Congreso? El apartado quinto del documento está dedicado exclusivamente a la Conabip. Las afecta sobre todo la derogación del Fondo Especial, que creó hace muchos años la Ley N° 23.351.
Por lo que fuentes cercanas a la Comisión advierten sobre el riesgo del desfinanciamiento a las Bibliotecas Populares y la eliminación de la ayuda que el Estado otorga a estas asociaciones civiles.
Según el texto propuesto, desaparecen los artículos que establecen que “además de las partidas que sean asignadas por el Presupuesto General de Gastos de la Nación” existe el “Fondo Especial para Bibliotecas Populares”. Y que ese fondo se destina “exclusivamente para el otorgamiento de beneficios directos” a las mencionadas entidades.
La norma, que debe ser tratada por los legisladores, elimina las tarifas reducidas a los servicios públicos para las bibliotecas, así como los beneficios de gravamen fiscal. Entre otros puntos, desaparecerían la franquicia postal; la liberación de todo gravamen establecido en la ley de impuesto de sellos y la “subvención para el mantenimiento de las instalaciones, aumento del caudal bibliográfico, remuneración y perfeccionamiento del personal bibliotecario -profesional, auxiliar y de maestranza—, modernización del equipamiento y actualización del procesamiento técnico de materiales”.
Como se ve, un panorama que se torna muy severo para las entidades que difunden el libro, que son mantenidas a pulmón con el trabajo de vecinos y el aporte de las asociaciones cooperadoras, porque no son muchas las que además de los pagos societarios tienen el auxilio económico de las municipalidades de la jurisdicción a las que pertenecen.
