La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó por unanimidad los recursos de Cristina Kirchner para anular la “causa Vialidad”, en la que está procesada por asociación ilícita y defraudación al Estado por el direccionamiento de obra pública en beneficio de las empresas de Lázaro Báez.
La vicepresidenta trató de impugnar el proceso por tres cuestiones: porque se habría omitido la producción de ciertas pruebas; por la intervención de los jueces de la Sala IV de la Casación –en vez de la Sala I–, y porque una parte de estos hechos ya habría sido analizada por la Justicia de Santa Cruz, de modo que sería un caso de “cosa juzgada” o de “persecución penal múltiple”.
La Corte desestimó los tres planteos y subrayó las falencias de la defensa en la elaboración de los recursos.
Por ejemplo, en cuanto a las pruebas no producidas, ya los jueces del Tribunal Oral supieron explicar que las rechazaban por considerarlas “superabundantes o impertinentes”.
Y la Sala IV, cuando intervino, declaró inadmisible el recurso de la vicepresidenta porque no se manifestaba contra una sentencia definitiva.
Esta es la visión que asumió la Corte. En consecuencia, “los agravios” que presume Cristina Kirchner “se tornan hipotéticos y conjeturales, y su tratamiento, por prematuro, improcedente”.
En cuanto a la impugnación de la Sala IV, la Corte advirtió que el planteo de la defensa era deficiente por omitir que la Sala I, en su momento, rechazó la petición de apartarla.
Sobre la supuesta “cosa juzgada” en Santa Cruz, que también supieron refutar el Tribunal Oral y la Sala IV, a la Corte le llamó la atención la falta de consistencia: el escrito no intentó rebatir los argumentos que se esgrimieron en contra de su perspectiva y ni siquiera contenía “una descripción prolija y suficiente” del punto.
Los jueces de nuestro máximo tribunal remarcaron, además, un hecho elemental: hubo causas tramitadas en Santa Cruz vinculadas con la obra pública, es cierto, pero en ninguna de ellas Cristina Fernández estuvo acusada.
Por lo tanto, ¿qué “persecución penal múltiple” podría detectarse?
Con todo, como la defensa de la vicepresidenta se basa en la teoría del lawfare, la Corte no dejó de analizarla. Cristina Kirchner entiende que se lleva adelante “una simulación de juicio, carente de todo contenido jurídico y probatorio”, y que “se habrá de intentar utilizar este expediente con fines políticos e impropios, poniendo en riesgo las instituciones democráticas del país”.
La Corte le respondió que sus dichos son “meras conjeturas sin sustento en las constancias de la causa”.
Así queda despejado el camino para el tramo final del juicio oral, que comenzará el 11 de julio.
En su alegato, la Fiscalía podría solicitar una condena de entre cinco y 16 años de prisión.
Lo que Cristina Kirchner ha intentado evitar sucederá de todos modos.
Un tribunal judicial dirá si es culpable o inocente.
Un proceso que es necesario para despejar las sospechas de impunidad que rodean a la dirigencia más poderosa en la Argentina.
