Inocentes sin juicio previo. Esa es la determinación que tomó, por mayoría, el Tribunal Oral Federal 5 con Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos, Lázaro Báez y Cristóbal López, entre otros acusados, en la causa unificada de Hotesur y Los Sauces por lavado de dinero. El debate oral previsto en el Código Procesal quedó una vez más para una mejor oportunidad.
Dos jueces de los tres que integran el citado tribunal decidieron hacer lugar al pedido de la defensa de la ex presidenta de la Nación y, por ese motivo, dictaron el sobreseimiento en causas que se encontraban radicadas en la Justicia Federal desde hace tres años en el tribunal que el viernes dictó la polémica sentencia.
Una vez más, jueces a los que se identifica políticamente con el kirchnerismo, decidieron dejar de lado la opinión del fiscal federal actuante, que en este caso había expresado que la actual vicepresidenta y sus hijos debían enfrentar el juicio unificado.
El fiscal Velasco dijo previamente que de ninguna manera se debían desnaturalizar las reglas de la etapa en que se encontraba la investigación antes de la decisión mayoritaria del tribunal a favor de los acusados.
Los plazos y tiempos judiciales deben cumplirse.
Es muy diferente determinar la inocencia de una persona acusada de un delito luego de haberse desarrollado un juicio, algo que aquí no ocurrió.
Un nuevo sobreseimiento de la actual titular del Senado sin juicio previo que habla claramente de cómo uno de los principales objetivos del gobierno kirchnerista instalado en diciembre de 2019 fue siempre liberar de cargos en la Justicia a su jefa política.
Un ejemplo de tal propósito son las lamentables apreciaciones del ministro de Justicia de la Nación, probablemente uno de los principales operadores políticos del Gobierno para que la Justicia le dé una mano, y todas las que necesite, a Cristina de Kirchner.
“Cuando no hay mesa judicial apretando jueces, los hechos y las pruebas pesan más que las tapas de Clarín y La Nación y las causas armadas se caen a pedazos”, fueron los dichos del funcionario de Alberto Fernández a través de su cuenta en una red social.
Además de vergonzosas, dichas apreciaciones son muy preocupantes porque en material judicial el gobierno nacional cada vez más pone de manifiesto su intención de avasallar el libre funcionamiento de la Justicia, y por ende la división de poderes, con tal de solucionar los difíciles trances que afectan a los referentes del kirchnerismo por los desatinos cometidos durante los doce años de gestión anterior a 2015.
El ministro Soria no sólo volvió a insistir con la discutible actitud del gobierno de Mauricio Macri, al que acusa de haber comandado la embestida contra Cristina de Kirchner y otros, cuando la mayoría de las causas se iniciaron estando aún en el poder el kirchnerismo, sino que involucra una vez más a los medios periodísticos independientes.
Tildar de cómplices en una supuesta operación político-judicial a dos diarios de reconocida trayectoria es inadmisible desde todo punto de vista. Y riesgoso para las instituciones.
Lamentablemente, la búsqueda de impunidad fue una de las premisas del actual gobierno nacional y ese objetivo pareciera valer mucho a sus principales referentes que la situación del país a la luz del resultado que arrojó recientemente el voto de la ciudadanía.
De este modo, el gobierno se aleja a pasos agigantados de los reclamos ciudadanos de verdad y justicia.
