Una vez más la Iglesia opinó sobre los problemas que afectan a nuestro país. En este caso, el pronunciamiento es relevante, puesto que alude al grave conflicto de poderes generado por el Poder Ejecutivo Nacional, al no acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia para la devolución a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) de fondos recortados en setiembre de 2020 por la Nación de manera inconsulta.
El máximo órgano de conducción de la Iglesia en nuestro país, la Conferencia Episcopal Argentina, pidió, a través de su documento de fin de año, el “máximo respeto” a la Constitución Nacional, en clara alusión al conflicto planteado.
Los jefes de la Iglesia también señalaron que “es imprescindible superar la desmesura que nos lleva a agredir y descalificar a quienes no piensan como nosotros” y plantearon la necesidad de “dejar de lado todo lo que ponga en riesgo la institucionalidad” y postergue la discusión de temas urgentes que necesita la sociedad en su conjunto.
En el mismo sentido se expresó la mayoría de los sectores empresariales de nuestro país y también de las empresas de Estados Unidos aquí radicadas.
Se llegó a definir el cuadro como de “quiebre institucional del sistema republicano”.
El escenario de crisis que generó el Gobierno se potenció con el respaldo que dio la mayoría de los gobernadores justicialistas y de agrupaciones partidarias cercanas al oficialismo, que apuntalaron la teoría kirchnerista de “fallo político de cara al año electoral”, además de “inédito, incongruente y de imposible cumplimiento”.
El conflicto subsiste, a pesar de la intención del Ejecutivo de revertir la imagen de desacato proponiendo el resarcimiento ordenado por la Corte a través de la entrega de bonos, postura que, obviamente, fue desestimada por el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ya que no es el mecanismo de llegada que opera para la derivación de recursos coparticipables a las provincias y CABA.
Calificados constitucionalistas e historiadores de nuestro país han coincidido en que un acto de desobediencia de un poder del Estado hacia la Justicia puede, en caso de persistir, comenzar a socavar los cimientos de la democracia.
Es que no existen antecedentes que puedan compararse con la temeraria confrontación que produjo el Gobierno al desacatar la cautelar de la Corte Suprema.
Por otra parte, está latente el riesgo de que estas actitudes generen el espacio necesario para que se llegue a un autoritarismo, tomando los ejemplos que presentan la Venezuela de Chávez y más recientemente Nicaragua, con Daniel Ortega al mando. O el intento -felizmente fallido- del hoy encarcelado ex presidente de Perú, Pedro Castillo, quien intentó clausurar el Congreso de su país.
En estos casos, la división de poderes y el equilibrio institucional que da la oposición van desapareciendo.
Es de desear que las denuncias por incumplimiento presentadas contra el Presidente y otros funcionarios por esta lamentable embestida a la Corte tengan correcta recepción en los estrados judiciales.
Y le corresponde a la oposición, particularmente en el Congreso, mantener firme el control del funcionamiento institucional del país, con más razón en el ingreso a un año electoral que debería ser decisivo para la implementación de políticas públicas que conduzcan a una mejor calidad de vida de la gente.
