El cepo a las importaciones, que debía terminar este mes, continuará hasta fines de diciembre. Así, una vez más se demuestra que las medidas implementadas como transitorias terminan extendiéndose mucho más allá de los plazos originariamente fijados. De allí a convertirse en una regla permanente hay sólo un par de pasos.
En marzo de este año, la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) lanzó una fórmula para medir la capacidad económica financiera de todas las empresas que necesitaran importar insumos o bienes.
Era un algoritmo secreto que supuestamente evaluaba las posibilidades del importador de pagar su compra. Y la empresa que pasaba el filtro del algoritmo, para ser autorizada, debía realizar una estrambótica cadena de trámites para justificar lo que trataba de importar.
Aquellos importadores que superaban las trabas de la burocracia luego debían presentarse ante el Banco Central, que evaluaba cuántos dólares podía comprar cada quien en el mercado oficial para abonar sus compras en el exterior.
A fines de junio, el Central les impuso a los importadores que recurrieran a alguna vía de financiación con sus proveedores.
La medida, en principio, duraría hasta septiembre. Ahora se comunicó que se extenderá hasta fines de diciembre.
El Gobierno sabe que ya hay varias empresas que tienen su producción detenida o ralentizada.
Eso no sólo afecta el trabajo. Empeora las de por sí deterioradas expectativas económicas sobre el futuro inmediato y podría conducirnos a una recesión. De aquí a diciembre, este doble cuadro –de un lado, la realidad cotidiana; del otro, las perspectivas a futuro– sólo puede agravarse.
Todo esto ocurre porque el Central hace tiempo que se quedó sin los dólares que nuestra economía necesita para funcionar de una manera relativamente normal.
Pero las distorsiones económicas, por no decir las transgresiones de las leyes económicas más elementales, tienen un alto costo.
Si frenar las importaciones es un verdadero contrasentido, porque la producción nacional se abastece en el extranjero de numerosos insumos, el llamado “dólar soja” instrumentado por el Gobierno es directamente irracional: el Central está comprando dólares a un precio más alto que el valor al cual los vende.
Si una empresa privada hiciera eso, se fundiría en poco tiempo.
El Central no se funde porque es del Estado, pero se endeuda en miles de millones de pesos y las consecuencias de esa decisión repercutirán sobre la sociedad.
Por un lado, la emisión de esa deuda, sea en pesos o en títulos, generará inflación.
Por el otro, al restringir las importaciones hasta fin de año para disminuir al mínimo posible esa deuda, la actividad económica se frenará.
Ambos factores alimentarán, en conjunto, las expectativas negativas sobre el rumbo actual: si hay poca o nula confianza en que el cepo a las importaciones se levante en diciembre, la producción local seguirá resintiéndose y los precios de los productos seguirán aumentando para cubrirse de una eventual devaluación brusca. Porque las compras de dólares del Central serán una ficción mientras no les venda libremente a los importadores.
