La ciudadanía chilena volvió a las urnas para votar por un nuevo modelo de reforma constitucional, el segundo durante la presidencia de Gabriel Boric. Esta vez la propuesta fue elaborada por un Consejo Constitucional en el que tuvieron mayoría sectores de la tradicional derecha trasandina.
El resultado de la votación constituyó otro duro contraste para las aspiraciones reformistas, con lo cual se mantendrá vigente la norma constitucional dispuesta en 1980 por el régimen dictatorial de Augusto Pinochet, sólo reformada por el presidente socialista Ricardo Lagos en 2005.
Más allá de los aspectos ideológicos, también se trata de un nuevo traspié para el gobierno del presidente Boric, que ya había fracasado con su intento reformista de 2022, cuando junto a otros referentes de izquierda perdió la oportunidad de modificar más a gusto la ley fundamental de Chile.
Debe recordarse que, tras los gravísimos sucesos derivados de la revuelta popular de octubre de 2019, los partidos políticos firmaron un acuerdo para ir rumbo a la redacción de una nueva Constitución, con el propósito de descomprimir la situación generada y con el convencimiento de que los reclamos tenían anclaje en necesidades sociales no satisfechas y no del todo contempladas por la norma suprema.
Aquel proceso constitucional fue aprobado en su momento por notable mayoría y así se trazó el camino institucional hacia la reforma. Sin embargo, en el plebiscito de setiembre de 2021 un 62% de los electores dijo no a las modificaciones consensuadas por la dirigencia política.
Rápidamente, luego de este último resultado adverso el presidente de Chile sostuvo públicamente que no intentará nuevamente una enmienda, resignándose ante la voluntad no reformista de la gente.
Se coincide en que los chilenos se encuentran cansados del debate sobre la Constitución. Así lo demostraron distintos sondeos de opinión previos a la votación reciente. También llegan a la conclusión los analistas políticos trasandinos de que tanto en el primer intento reformista como en el reciente el fracaso quedó de manifiesto en no poder unir a los principales sectores políticos chilenos. Ni una constitución volcada más hacia la izquierda ni otra inclinada a la derecha resultaron exponentes del consenso por modificaciones que posiblemente haya tenido el grueso de la ciudadanía, sin que se la interpretara debidamente.
En definitiva, una y otra vez hubo una especie de voto castigo a la clase política por haber priorizado solamente aspectos ideológicos sobre las reales inquietudes de la población. “No hubo transversalidad”, se afirma entre observadores trasandinos.
El mensaje es claro. En un escenario de economía bastante estable, pero con inquietudes sociales no del todo satisfechas y problemas palpables y en crecimiento, como la inseguridad, la gente reprueba a su dirigencia por priorizar reformas constitucionales con alcances más políticos que sociales.
Este desenlace debería servir como modelo para otras democracias de la región. En especial para la Argentina, generalmente reticente a cambios que se interesen más en las falencias sociales que en sus propios intereses. El resultado electoral de noviembre avanza en ese sentido.
