En el reciente cierre de listas para las elecciones primarias y generales de este año se reiteró una inquietud de muchos sectores de la sociedad que no ven con agrado que un elevado número de políticos renueven sus aspiraciones por una banca legislativa o de algún concejo deliberante.
Un artículo de Los Andes publicado en la semana da cuenta de que en los últimos 18 años muy poco cambió en cuanto a los nombres de los candidatos.
De ese modo, en las nóminas que se pondrán a consideración de los ciudadanos en las primarias de setiembre tienen más peso aquellos que poseen mayor nivel de conocimiento entre la población sobre otros que recién incursionan y adquieren el rótulo de novedosos.
En muchos casos, el conocimiento es por reiteración de postulaciones.
En este último punto cabe hacer una importante salvedad.
Hay políticos que, pese a la reiteración de cargos que ocupan en la función pública, se destacan por su aporte a las normas que nos rigen mediante iniciativas que, dentro del ámbito legislativo, se transforman en medidas concretas y útiles para el quehacer ciudadano.
Sin embargo, muchas veces tenemos que destacar que se trata de honrosas excepciones y que detrás de ellos subsisten dirigentes que ocupan sólo un lugar y constituyen un número en la conformación de un bloque legislativo; poco aportan a las necesidades de la sociedad.
No se trata de instar a la adopción de medidas restrictivas sobre la voluntad del político de permanecer sin mayores límites en la función pública, sino de tender a la renovación de la dirigencia para que se pueda lograr una combinación de voluntades entre los más expertos y los que van surgiendo a la vida pública.
Los topes impuestos por ley tampoco pueden responder siempre al espíritu de la norma; se pueden limitar las reelecciones, como ocurre en mayor medida con los cargos en el Ejecutivo, pero nada garantiza que cumplido un período un dirigente reaparezca y sea otra vez elegido.
De lo que se trata es de exigir a los partidos políticos la formación de dirigentes capaces de cumplir ciclos en la vida pública, desde los concejos deliberantes hasta los puestos más encumbrados en el Estado.
No se debe pretender correr de la escena o eliminar a nadie, sino otorgar oportunidades a los que van surgiendo y merecen su lugar, incluso compartiendo espacio con los más experimentados.
El futuro político de Mendoza requiere una dirigencia renovada, que recoja la experiencia de sus antecesores y se enfoque en la mirada que el país y la provincia deben adoptar para consolidarse en el mundo.
Nuestra provincia se ha destacado a lo largo de los años por su calidad institucional, que incluye el respeto entre partidos y dirigentes a los códigos de convivencia que deben regir en la vida pública y que la sociedad toma como ejemplo.
Nadie discute ese privilegio.
Pero, posiblemente haya llegado la hora de buscar los mecanismos para que del empuje económico y cultural que requiere Mendoza en estos tiempos y de cara al futuro cuente con una dirigencia que tenga la oportunidad de mostrar sus virtudes y no tener que quedar a merced de las viejas “roscas” por los cargos electivos.
En los inicios de esta democracia, en 1983, la dirigencia política local se renovó significativamente en todos los partidos; hoy se necesita encarar un proceso similar a aquél.
