El Gobierno nacional celebró la leve baja de la inflación en mayo respecto de abril, aunque los aumentos en los alimentos y en los bienes siguen siendo una de las preocupaciones más importantes para los argentinos.
Los precios al consumidor aumentaron 3,3% en mayo, con un acumulado de 21,5% en lo que va del año y de 48,8% en los últimos 12 meses.
Los datos muestran el fracaso de las autoridades nacionales en una cuestión macroeconómica básica para el funcionamiento de las actividades y de las expectativas de los agentes económicos.
Para enmendar esta situación, el equipo que designó Alberto Fernández acudió a un cepo al dólar acompañado de una devaluación mensual inferior a la inflación, y del congelamiento de variables como el precio de los combustibles (luego de una maratón de aumentos) y de las tarifas de los principales servicios.
La proyección en torno del 48% para 2021 equivale hasta 7 veces a la inflación más alta estimada en Sudamérica; salvo la de Venezuela. La economía argentina pierde competitividad frente a los países vecinos, con los cuales rivaliza en la conquista de mercados internacionales de granos, carnes y productos agroindustriales.
Las medidas anunciadas por el Gobierno nacional apuntan a un congelamiento de variables y a voluntarios acuerdos de precios, que no se respetan a poco ser firmados o que –en determinados productos– están por encima de los valores que surgen de la competencia entre los principales centros de venta.
La falta de una libre competencia y de aliento para el desarrollo de nuevas empresas y de emprendedores es una de las múltiples causas que facilitan que la Argentina tenga una de las inflaciones más altas del mundo.
Alberto Fernández desalienta la actividad privada al dar señales de impulsar el control del comercio de granos y de las exportaciones de carnes, así como de un eventual avance del Estado sobre las prestaciones privadas de la salud.
Las definiciones del Presidente no son suficientemente contundentes para despejar del horizonte esas aventuras políticas, que ya mostraron su fracaso en el pasado.
A este panorama se agrega una dubitativa actitud respecto de la negociación de la deuda con el FMI y con el Club de París, organismos con los cuales se pretende antes un acuerdo político que la presentación de un plan con fundamentos para alcanzar el desarrollo económico y generar recursos para el pago de las obligaciones.
Esa falta de acuerdo conlleva la necesidad de afrontar los gastos del Estado con deuda local y con emisión monetaria. La intención de bajar las expectativas de inflación con acuerdos de precios parciales y de corta duración constituye, en suma, un voluntarismo manifiesto, insuficiente para atacar los graves problemas que provocan la suba de precios.
El acertado diagnóstico multicausal que efectuó Martín Guzmán al inicio de la gestión debe ser asumido en profundidad para corregir uno de los males que más afecta la actividad económica en el país.
