En 2009, la ley 26.571 creó las llamadas Paso (primarias abiertas, simultáneas y obligatorias) en Argentina, con el fin de definir qué partidos quedan habilitados a presentarse a las elecciones nacionales. Es decir, quienes obtengan al menos el 1,5% de los votos válidamente emitidos en el distrito de que se trate para la respectiva categoría. Al mismo tiempo, sirven para definir la lista que representará a cada partido político.
Ahora, el oficialismo nacional intenta que el Congreso trate y apruebe una reforma que plantea tres ejes principales: eliminación de las Paso, modificación del sistema de financiamiento de los partidos e implementación de la boleta única de papel.
Sobre este último punto, cuesta creer que una parte de la política nacional se oponga al sistema más práctico y transparente que cualquiera de los otros conocidos para emitir el voto, como ya lo hacen varias provincias, Mendoza entre ellas.
En relación con el primero de los ejes, el panorama ya no es tan claro. El argumento central tiene que ver con la reducción del gasto público: las Paso de 2023 costaron casi $ 11 mil millones, equivalentes a 18,9 millones de dólares (cotización del 11 de agosto de 2023). El destino de esos fondos estatales fue financiar la impresión de casi 3.744 millones de boletas en todo el país.
Un gran problema tiene que ver con el control de cómo se usaron esos montos, si efectivamente fue para la impresión de boletas y no al financiamiento ilegal de algunos “sellos”. De hecho, de las 1.818 listas que se presentaron en todo el país, sólo 235 pasaron el piso para competir en las elecciones generales del 22 de octubre, apenas 13% del total. Y de los 24.144 precandidatos, sólo 1.507 fueron consagrados como candidatos.
Ahora bien, ¿alcanza siempre el argumento del costo para medir la necesidad de una herramienta democrática como las Paso?
A la hora de tratarse este tema en el Congreso, convendría dar un debate franco, que ayude a definir la continuidad o no de las elecciones primarias más allá de lo meramente económico y de intereses partidarios o de otro tipo.
El hecho de que la mayoría de los partidos no haya usado este instrumento tal como se concibió –es decir, para que hubiera una genuina competencia interna–, ¿desmerece a una ley que sería útil si se respetara su verdadero espíritu?
¿Cuánto enriquecería a nuestra castigada calidad democrática una interna partidaria hecha a conciencia, sin simulaciones, donde la ciudadanía realmente pudiera definir la conformación de las listas? ¿Falla la ley, fallan los partidos, fallan los controles? ¿Cuál es –o debiera haber sido– el papel de una Justicia electoral independiente para monitorear esas deformaciones que en la práctica desvirtuaron la norma?
En fin: no terminan de estar claros los argumentos a favor o en contra de que existan las Paso. Por eso será tan valiosa la discusión que pudiera darse en el Congreso. Un debate que esclarezca, sin chicanas, sin votación por retribuciones. ¿Estaremos a la altura?
