Cabe preguntar cuánto tiempo más persistirá el mal estado de algunas importantes rutas de la red vial de Mendoza, que tuvo en el pasado un reconocido prestigio de contar con caminos y calles en aceptables condiciones de transitabilidad.
El Estado provincial tendría que hacer todo lo posible para garantizar un desplazamiento seguro a los usuarios, desde el punto de vista de la infraestructura, a quienes transitan por los diferentes circuitos.
Es una reciprocidad de obligaciones porque a los particulares se les exige circular con sus rodados en condiciones técnicas aceptables, portando toda la documentación del caso, desde la licencia de conducir pasando por el seguro contra terceros y otros papeles exigibles.
No hacemos diferencias entre caminos nacionales y los de jurisdicción provincial, incluida la trama de circulación de los municipios. Todo es camino que habilita el desplazamiento de personas, de productos e insumos para la producción y los servicios.
Un legendario presidente de la Asociación de Carreteras, ingeniero civil Pablo Gorostiaga (fallecido en 2014), decía al respecto hace dos décadas: “Las obras públicas son la expansión de la infraestructura. Si no hubiera expansión, igualmente hay que velar y coordinar el cuidado y el mantenimiento de la valiosísima infraestructura del país, que se fue construyendo durante varias generaciones. Su mantenimiento adecuado prolonga su eficiencia en el servicio y la vida útil, además de evitar el encarecimiento de una reconstrucción anticipada.
La ruta nacional 7 o Corredor Bioceánico, especialmente desde la unión con la ruta 40, en el distrito de Agrelo (Luján de Cuyo), hacia el límite fronterizo, es un ejemplo de camino de baja calidad y potencial causante de siniestros viales de distinta gravedad.
Un requipo periodístico del Grupo América reveló en mayo pasado que esa vía de comunicación acredita 310 pozos, 25 puntos con algún problema y por lo menos 34 km de pavimento u hormigón ‘detonados’. Pero se sigue viajando por turismo y transportando carga pesada de ida y de vuelta.
El Acceso Sur, entre el cruce con calle Azcuénaga y el punto de unión con Paso, también es un compendio de ejemplos de un pavimento deteriorado. Muy peligroso para la intensa circulación del tramo, aunque habrá un alivio en el caso de camiones de gran porte cuando se inaugure la variante Palmira-Agrelo.
Sabemos que las estructuras camineras están a cargo de las direcciones Nacional de Vialidad (DNV) y Provincial de Vialidad (DPV). En la primera de las reparticiones el control y cuidado se ejerce, principalmente, sobre las rutas nacionales 7 y 40.
La situación de rutas y calles es tan delicada que nuestra propuesta es que el abordaje de las reparaciones de la carpeta asfáltica de muchos lugares de Mendoza, debería ejecutarse por medio de convenios establecidos entre la administración provincial y las direcciones viales mencionadas, con participación municipal si fuere posible.
Un ejemplo, entre otros, de lo que sostenemos fue el trabajo conjunto entre la Municipalidad de Capital y Vialidad provincial en la ejecución de obras de mejoramiento del conocido Circuito Papagayos (rp 99).
Sabemos que algunos proyectos conllevarían un esfuerzo económico financiero de gran envergadura y una ejecución de mucho tiempo, pero todo lo que demanden las ejecuciones de reparación y mantenimiento será nada comparado con la posibilidad de bajar las víctimas en percances viales que puede causar una calzada deteriorada por baches y agrietamientos, ondulaciones, banquinas descalzadas y cartelería que no siempre es la más apta.
Naturalmente, no desconocemos los otros factores que afectan a la seguridad vial, como el consumo de alcohol, la alta velocidad y la imprudencia al volante, que hacen que los resultados en materia de seguridad vial sean adversos.
