Resulta interesante que en la Legislatura provincial se traten asuntos vinculados al mejor desarrollo y mantenimiento de nuestro arbolado.
Una iniciativa de la diputada Ana María Andía (UCR), propone la modificación de las leyes 7.874 -de protección ambiental- y 1.079 -Orgánica de Municipalidades- en lo referente a los procesos de mantenimiento y renovación del arbolado público local.
La propuesta prevé implementar modificaciones en la erradicación, tala, rebaje, limpieza, poda, renovación y desbrote del arbolado público.
Para cumplir con ese fin, las autoridades competentes deberán elevar ante la Dirección de Recursos Naturales Renovables (DRNR) un “Programa de acción para el control, conservación, preservación y renovación del arbolado”.
El plan está previsto con una duración de 3 a 12 meses, y deberá contener una descripción global de las acciones a desarrollar en sus respectivas áreas de competencia. Además, deberá acompañarse de un protocolo de actuación para los casos en que se requiera erradicación o tala de ejemplares en estado de riesgo.
Por la actual situación sanitaria en curso, se puede haber descuidado un poco el tratamiento del arbolado. Podemos conceder que cierto descuido en las tareas culturales que demandan los árboles, se ha debido a que los planteles de trabajadores estatales han tenido que estar concentrados en otras tareas frente al acoso de la pandemia en circulación.
El Estado y los municipios, además de su personal competente en materia de forestales, también disponen del auxilio y asesoramiento del Consejo Provincial de Defensa del Arbolado Público, que desde hace un año viene advirtiendo que se han perdido numerosos ejemplares en el área del Gran Mendoza y que era necesaria una vigorosa reforestación. En ese momento, junio de 2019, se hablaba de una pérdida de 30% de forestales en la jurisdicción de la capital.
Por eso valoramos la existencia de proyectos legislativos para mejorar el patrimonio del árbol, pero sin que las propuestas queden en enunciados y se hagan efectivas.
Además, ya está habilitada una tarea primordial como es la poda anual, que debe realizarse entre el 15 de mayo y el 15 de agosto, y debe velarse para que la misma se efectúe bajo el control de los ingenieros agrónomos, y evitar que ese trabajo lo haga personal que no sabe si corresponde tal o cual herramienta para cortar una rama o dónde se debe hacer el corte, como alguna vez explicó el experto ingeniero Salvador Micali, vicepresidente del ya nombrado Consejo.
De igual manera pensamos que para el control del arbolado se debe aplicar el poder de policía delegado por el Poder Ejecutivo provincial, toda vez que se compruebe o presuma cualquier tipo de infracción a la normativa vigente, sancionando las infracciones e incluso actuando como parte ante cualquier juzgado denunciando delitos en la materia.
La iniciativa legislativa comentada, también promueve que se formulen políticas en materia de gestión de arbolado público; establecer un listado de forestales, de acuerdo al lugar u oasis; establecer mejores especies para cada lugar; propender a un mantenimiento más económico del arbolado, a través de una poda que, sin que los árboles dejen de ofrecer los beneficios que en general aportan, sean más bajos y de copa más pequeña, por lo que variará también la distancia de plantación en el arbolado alineado.
Cerramos este comentario Hacemos votos para que pronto veamos recuperados a los árboles urbanos que, como sostiene el ingeniero Emilio Marchevsky, “no sólo deben ser valorados por su sombra, sino porque son un elemento esencial para la ciudad, que pueden ayudar a mitigar algunos de los impactos negativos de la urbanización, y así hacer que las ciudades sean más resistentes a los cambios”.
