La Oficina Anticorrupción de la Nación (OA) dispuso retirarse de su función de querellante en 32 causas penales que involucran a los gobiernos de Carlos Menem y Néstor y Cristina Kirchner. De esta forma el organismo no será más acusador, según lo decidido por su titular, el funcionario kirchnerista Félix Crous.
Del total de causas que quedarán a la deriva, 28 pertenecen a los 12 años del kirchnerismo en el poder y las restantes, a los 10 años del menemismo. Los ex presidentes Carlos Menem y Cristina Fernández de Kirchner, el ex vicepresidente Amado Boudou y el ex ministro Julio De Vido integran la lista de los personajes involucrados en esas causas.
Además de argumentarse que la OA no tiene el número suficiente de empleados para poder seguir movilizando dichos expedientes, Crous señaló que de ahora en más el organismo a su cargo estaría más enfocado a la generación de políticas de prevención de los delitos de corrupción. Una argumentación que genera más dudas sobre los reales objetivos del organismo de ahora en más.
Pero la postura adoptada no debe sorprender. En mayo la misma dependencia estatal anunció su decisión de renunciar a la condición de querellante en las causas Los Sauces y Hotesur, en las que se encuentran comprometidas la actual vicepresidenta de la Nación y sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.
También dicha decisión fue notificada por Félix Crous, que es uno de los fundadores de la corriente Justicia Legítima, que, en línea con el kirchnerismo, busca trasladar a los ámbitos de la Justicia sus posturas política e ideológica.
En aquella oportunidad, el responsable de la OA sostuvo que ésta nunca debió ser querellante en los referidos casos y anticipó lo que se concretó esta semana: la separación de la función acusatoria en otros expedientes en los que también están vinculados influyentes personajes de los gobiernos kirchneristas, fundamentalmente. Y pocos días después, otro emblema del círculo íntimo de la ex Presidenta, el ahora procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, planteó ante la Justicia la nulidad de la causa en su contra por la firma del cuestionado pacto con Irán, derivado del atentado a la sede de la AMIA, caso en el que, con toda lógica, está incluida la responsable del Gobierno en ese momento, Cristina Kirchner.
Cabe resaltar una vez más que esta nueva determinación va en línea con lo expresado por el presidente Alberto Fernández desde su asunción, poniendo en duda la veracidad de las principales acciones interpuestas ante la Justicia Federal contra las gestiones del kirchnerismo, que en algunos casos, con juicios consumados, terminaron con la prisión de ex funcionarios de esos gobiernos. Varios de ellos ahora gozan del beneficio de la prisión domiciliaria.
Como la remoción de jueces por parte de la mayoría oficialista del Senado y la polémica reforma judicial, ahora demorada en Diputados, esta nueva decisión de un ente estatal no hace más que potenciar las sospechas de que un acuerdo de impunidad oscurece una vez más los distintos ámbitos del poder. Los jueces honestos tienen la última palabra.
