El Gobierno Nacional necesita modificar su decisión de expropiar la empresa Vicentin, pero aún no define con claridad cómo hacerlo. El cambio sobrevino después del revés judicial del viernes y del banderazo del sábado de la semana pasada. El juez santafesino que lleva adelante el concurso de acreedores no aceptó la intervención de la empresa, decretada por el Ejecutivo y los directivos retomaron sus funciones.
La protesta social se hizo sentir en todo el país. Sería un exceso decir que los manifestantes defendían a los dueños de Vicentin; antes bien, se expresaban contra el programa político y económico que se desprende de la expropiación de una empresa a través de un decreto de necesidad y urgencia.
En ese contexto, la Casa Rosada usó las redes sociales para comunicar un encuentro entre el presidente Alberto Fernández y Gabriel Delgado, a quien designó interventor en Vicentin. “Repasamos todas las alternativas y no nos aferramos a los instrumentos. El propósito del Gobierno es preservar las fuentes de trabajo y que los productores puedan cobrar”, escribió Delgado en Twitter.
Esos objetivos, en realidad, no requieren de la intervención del Gobierno. Las fuentes de trabajo no se han perdido y la empresa busca ponerse de acuerdo con sus acreedores, con un plan de pago.
Con todo, la comunicación resultó confusa porque el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, marcó como “primera hipótesis de trabajo” del Gobierno la propuesta del gobernador de Santa Fe, Omar Perotti. Una intervención compartida por la Nación y esa provincia, sin participación de los actuales directivos de la empresa, a quienes se acusa de mala administración.
Entre una declaración y otra, hay una distancia considerable, aunque ambos funcionarios responden a Fernández. ¿Por qué, entonces, esa dualidad? En otro sentido, ¿es legítimo que el Estado, sea nacional o provincial, tome el control de una empresa que atraviesa problemas financieros? ¿Podría convalidar el juez un nuevo apartamiento de los directivos, a días de haberlos repuesto en sus funciones?
El oficialismo debiera saber que no puede ni debe reproducir el conflicto con el campo de 2008. Y el presidente Alberto Fernández se dio cuenta de que se metió en un brete, pues no puede desdecirse y tampoco puede concretar la medida que anunció sin calibrar las consecuencias.
La única alternativa para que este error no se transforme en una crisis es un diálogo franco y sin condiciones entre las partes, con pleno respeto del marco judicial. Si los sectores moderados del peronismo están dispuestos a involucrarse para rescatar al Presidente, cualquier intransigencia oficialista agravaría el problema.
