Mendoza dio otro paso institucional trascendente. Un fallo convirtió a nuestra provincia en la primera en el país en quitarle bienes a un político por casos de corrupción mediante la aplicación de la norma de extinción de dominio.
Anteriormente, la provincia ya había adquirido notoriedad al ser, también, la que primero aprobó la llamada ley de ficha limpia, que obliga a los candidatos a cargos electivos a postularse sin cuentas pendientes con la Justicia.
La legislación de extinción de dominio, aprobada en esta provincia en el año 2019, permite al Ministerio Público Fiscal realizar la demanda civil por sobre bienes que la persona acusada de irregularidades no puede justificar con qué recursos los adquirió. Así lo establece esta importante modalidad de juicio.
Si bien cabe una instancia de apelación por parte del ex funcionario municipal, cuya defensa define como un acto de ilegalidad la posibilidad de remate de las propiedades, se está ante un avance valioso para permitir que la Justicia contribuya con sus fallos a devolver en nombre del Estado recursos que fueron mal habidos por actos reñidos con la ética pública.
Por otra parte, la jueza a cargo del caso también se expresó por la constitucionalidad de la ley que puso en práctica la nueva modalidad, poniendo un antecedente por demás significativo.
La actitud de un político, de un dirigente, de todo candidato a cargos electivos o no, debe ser terminante con respecto a la corrupción.
El rechazo debe estar por encima de cualquier diferencia partidaria o ideológica.
Uno de los aspectos más destacados de la vida institucional argentina en los últimos años fue el notable avance que tuvieron las causas judiciales en las que se ventilan casos de corrupción y en las que se vieron involucrados políticos en connivencia, muchas veces, con representantes del empresariado nacional.
Sin embargo, en el último año comenzó un grave retroceso en esa saludable práctica judicial, ya que nuevamente se volvió a hablar de indultos y amnistías, se hostigó a jueces y fiscales que habían actuado contra la corrupción y se están buscando todos los procedimientos habidos y por haber para asegurar la impunidad de grandes figuras de la política nacional implicadas en hechos de gravedad institucional.
Felizmente en Mendoza, ese cuadro de retroceso no se advierte y acá, más allá de quienes sean sus impulsores, lo cierto es que las instituciones discuten leyes donde en vez de reelecciones gubernamentales, se procede a limitarlas. Y donde la corrupción recibe castigos modélicos con leyes que hasta ahora sólo se están aplicando en nuestra provincia.
Es por ello que decisiones judiciales como la que estuvo dirigida a la acción del ex intendente Lobos juega a favor del fortalecimiento institucional que requiere la Argentina; marca un claro avance de la justicia en el combate a la corrupción. Y en un año electoral como el que transcurre, el límite de toda propuesta debe ser el rechazo explícito de todo candidato a la corrupción, como también fomentar todas las medidas posibles para desarticular a quienes la promueven.
Es sabido que la corrupción no sólo es mala por lo que tiene en sí de delictivo, sino porque además deteriora seriamente la calidad democrática e incluso afecta hasta la llegada de inversiones, puesto que en consultoras internacionales la Argentina nuevamente comenzó a bajar puntos en su lucha contra la corrupción.
