Argentina comenzó 2022 con apenas 500 mil empresas empleadoras. Es el número más bajo desde 2008.
El impacto de este dato en el mercado laboral es directo: hay ahora menos trabajadores declarados que en 2007.
Si se quiere dimensionar el devenir de la crisis socioeconómica, la serie histórica de estos datos es insoslayable.
El fenómeno de destrucción de empresas se puede advertir claramente desde 2015, cuando se alcanzó un récord de más de 560 mil en actividad. En 2016 y 2017, se perdieron más de mil por año. En 2018, casi 5.000. En 2019, unas 13 mil. En 2020, en medio de la pandemia, casi 22 mil. En 2021, hasta agosto habían desaparecido unas siete mil empresas.
Se podría decir que el rebote asimétrico que tuvo la economía en 2021 –algunos sectores se recuperaron bien y otros lo hicieron de un modo más lento, pero hay rubros que siguen estancados o en retroceso– permitió frenar la caída de empresas.
Con todo, los datos de este último año son preocupantes, porque confirman una tendencia negativa.
Si acordamos que la actividad económica depende en gran medida de la iniciativa privada, para expandirse y crecer, cualquier economía requiere que la cantidad de empresas que se crean anualmente sea mayor que la cantidad de empresas que cierran en igual periodo de tiempo.
Esa dinámica, por extensión, da una relativa seguridad al mercado laboral: habrá posibilidades de nuevos empleos para quienes queden desempleados.
Y la continuidad laboral da estabilidad a los ingresos familiares, que entonces pueden proyectar algunas inversiones y concretarlas: un auto, la casa propia, etcétera.
Todo ello redunda en un crecimiento del producto interno bruto (PIB) de un país.
Según datos del Banco Mundial, en las primeras dos décadas de este siglo, el PIB de nuestros vecinos creció de manera significativa: Bolivia, 350 por ciento; Paraguay, 311 por ciento; Chile, 256 por ciento; Brasil, 168 por ciento; Uruguay, 156 por ciento.
El de Argentina, en cambio, sólo creció un 42,7 por ciento. En ese contexto, aumentó la pobreza y, además, se tornaron mucho más complejas las pujas distributivas: ante una economía que no crece lo necesario, la estrategia de todos los actores es resistirse a ceder beneficios, para perder lo menos posible.
Paradójicamente, vale resaltar que si el Estado argentino no hubiese aumentado su nivel de intervención la situación sería peor en varios aspectos.
Por un lado, se convirtió en el principal empleador; por otro, diversificó la asistencia social para contener a los sectores más desprotegidos.
Claro que por esas razones aumentaron el gasto público y el déficit, los que se financiaron con mayor presión tributaria, emisión monetaria y endeudamiento.
Ello generó, a su vez, inflación y devaluación, desconfianza y falta de inversión, cesación de pagos y renegociación de la deuda.
Corolario: en septiembre de 2021, Argentina tenía la misma cantidad de trabajadores privados registrados que a fines de 2010: algo menos de seis millones de empleados.
Necesitamos salir de este círculo vicioso cuanto antes si queremos entrar en el camino del desarrollo.
