Las elecciones del domingo en Nicaragua volvieron a generar indignación en la mayoría de los países de la región y en el resto de los bloques políticos del mundo que priorizan las libertades públicas y aborrecen el autoritarismo.
Las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA) insisten con su rechazo a la modalidad por la que Daniel Ortega fue reelecto una vez más como presidente nicaragüense luego de un proceso electoral escandaloso, en el que fueron llevados a prisión, con argumentos falaces, la mayoría de los contendientes del mandamás de aquel país centroamericano por el solo hecho de discrepar con su hegemonismo y búsqueda de toma del poder a perpetuidad.
El gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, definió al gobierno de Nicaragua como una dictadura. “Carece de cualquier mandato democrático”. “Se ha convertido en un reino completamente autocrático”, fueron dos de las contundentes definiciones desde la administración de Joe Biden.
Por otra parte, Ortega, que comparte el poder con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se adjudicó el triunfo luego de una jornada electoral en el que la indiferencia de los nicaragüenses con el proceso político vigente fue tal que los índices de ausentismo superaron el 80%, según observadores.
La Argentina, país cuya mirada externa siempre es seguida por atención en la escena internacional, volvió a sorprender con una tibia postura que no tuvo otro efecto que convalidar el escandaloso proceso que llevó a cabo Ortega para garantizar su permanencia en el poder.
En efecto, el canciller, Santiago Cafiero, dijo que el gobierno de Alberto Fernández mantuvo una “tradición diplomática de no injerencia en cuestiones internas de otras naciones”. Esto generó una rápida reacción en contra desde distintos frentes, pero especialmente de parte de la prestigiosa ONG de defensa y promoción de los derechos humanos Human Rights Watch, que consideró la postura de nuestro país como “un disparate”.
La postura de la Argentina es lamentable. La no injerencia en cuestiones internas de otro país a la que aludió el ministro Cafiero no puede justificarse cuando lo que está en juego es la libertad de los ciudadanos de un país y el poder soberano de decidir qué gobernantes elegir.
Eso de ningún modo ocurre en Nicaragua y en un puñado de naciones que siempre se solidarizan con este tipo de acciones y que son conducidas por personas que adhieren a regímenes controvertidos, como Rusia, Venezuela, Cuba o Irán.
Esta postura complaciente del actual gobierno argentino con los regímenes autoritarios de la región no tiene otro efecto que aislar aún más al país en lo político y económico. Luego de una esforzada puesta en escena presidencial en la cumbre del G-20, en Roma, con el propósito de aportar a la negociación con el Fondo Monetario Internacional, se insiste con una postura complaciente con autoritarismos aún reinantes en la región que sólo generan pobreza y aislamiento a sus pueblos y tensiones políticas injustificables entre países vecinos.
