Un nuevo paso en lo que se refiere al resguardo de la calidad institucional significa la reciente disposición que no permitirá más las reelecciones indefinidas de concejales en nuestra provincia.
Un gesto que va en línea con lo que también se dispuso con anterioridad con los intendentes. El límite son ocho años consecutivos: tras un primer mandato, una sola reelección. Quien pretenda volver deberá dejar transcurrir al menos un período.
Esta medida surgió mediante la modificación de la Ley Orgánica de Municipalidades, luego de que el Poder Legislativo provincial se dedicara al tratamiento de un proyecto para reordenar las elecciones de los integrantes de los concejos deliberantes de los 18 departamentos.
Posiblemente lo más importante sea que todo surgió de una iniciativa que fue creciendo desde el seno de una de las comunas.
El primer paso lo había dado la Intendencia de la Ciudad de Mendoza, luego de que se su titular promoviera con éxito una ordenanza disponiendo, justamente, que los concejales sólo pudiesen ocupar sus bancas durante ocho años consecutivos.
Luego se fueron sumando otros departamentos, hasta que, criteriosamente, la política mendocina entendió que el tema, por su repercusión, debía tener una normativa unificadora.
De todos modos, como la ley aprobada no tiene efecto retroactivo, existe la posibilidad de que varios de los actuales concejales puedan permanecer en sus cargos hasta 2030.
Como señaló Los Andes en un artículo reciente, se trata de una excepción menor, ya que de 190 ediles que hay en los 18 distritos departamentales, al menos 10 podrían intentar tener un tercer mandato en las elecciones del próximo año.
Mendoza se ha caracterizado por el apego a las formas institucionales. Por ello, además de estas disposiciones de ponerle un límite a la reelección de concejales e intendentes, se destaca a nivel nacional por ser una de las dos únicas provincias que no cuenta con reelección de gobernador; avanzó en la adopción de la denominada ficha limpia y se sumó con convicción a las pocas jurisdicciones que implementaron la boleta única electoral, ganando en transparencia y en ahorro de gastos para el Estado.
Por ello, lejos de ser interpretado como un cepo al ingreso a la función pública, la dispuesta no reelección indefinida de miembros de los concejos departamentales debe ser vista como una contribución a la formación de funcionarios públicos.
Siempre debe tenerse presente que el ámbito municipal es el primer paso de la función en cuanto a la administración de los recursos públicos, con más razón en Mendoza, provincia en la que hay muchas jurisdicciones sumamente extensas en cuanto a su territorialidad, convirtiendo muchas veces a sus funcionarios y ediles en receptores de inquietudes que exceden lo jurisdiccional.
Son muchas las oportunidades en las que a una municipalidad llegan reclamos de la comunidad dirigidos al ámbito provincial o nacional.
Estas y otras circunstancias elevan la responsabilidad del representante departamental votado por la gente en la tarea de contención y comprensión de los problemas de sus vecinos.
Por lo tanto, la modificación de la legislación que a partir de ahora permitirá que más dirigentes accedan a bancas en los concejos departamentales debería ser vista como una puerta que se libera para la igualdad de oportunidades en el ingreso a la función pública.
