El reciente informe de derechos humanos elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos (Human Rights Report 2022) emitió una fuerte señal de alerta sobre casos de corrupción en el gobierno argentino, a los que consideró graves, además de destacar la embestida oficial continua contra el Poder Judicial.
Se trata de una evaluación periódica de la Casa Blanca que analiza la situación de los derechos humanos a nivel mundial y que, como es obvio, se detiene y enfatiza en los casos que considera particularmente graves.
El trabajo fue emitido pocos días antes de la reunión bilateral que mantendrán hoy, en la Casa Blanca, Alberto Fernández y el presidente estadounidense, Joe Biden. Una incómoda coincidencia para el gobierno argentino, que esperó durante mucho tiempo este encuentro, postergado más de una vez por diferentes situaciones.
Reconoce el trabajo del Departamento de Estado que el gobierno de nuestro país tomó medidas para identificar, investigar, enjuiciar y castigar a los funcionarios hallados como responsables tanto de abusos contra los derechos humanos como de haber llevado a cabo actos corruptos, Pero enfatiza el informe que todo lo actuado no fue suficiente para que los acusados reciban condenas.
El informe es contundente en ese aspecto: “La ley prevé sanciones penales por corrupción de funcionarios, pero el Gobierno no aplicó la ley de manera efectiva”.
También se responsabiliza a “un sistema judicial politizado” que funciona como freno a los intentos de erradicar la corrupción. Es decir, una parte corrupta de la Justicia.
Este trabajo del gobierno de EEUU, concluido en septiembre de 2022, incluye un resumen con la situación procesal de la vicepresidenta de nuestro país, Cristina Fernández de Kirchner, y otros imputados de trascendencia en contratos de obras públicas entre 2008 y 2015. Obviamente, fue dado a conocer con anterioridad al fallo condenatorio emitido en diciembre último por el tribunal oral federal que llevó a cabo su caso.
Otro capítulo del informe se refiere a las anomalías que soporta el Poder Judicial por las demoras en el nombramiento de magistrados, apoyo administrativo inadecuado e ineficiencia, en todos los casos atribuibles a la poca predisposición del Poder Ejecutivo, más preocupado, generalmente, en confrontar con aquellos jueces y fiscales que no se identifiquen política o ideológicamente con el espacio gobernante. Esto también constituye una grave anomalía, puesto que la Justicia debe ser lo suficientemente lejana de todo interés político o sectorial.
Al margen de la agenda que incluya el encuentro de hoy en la Casa Blanca, queda clara la consideración del gobierno norteamericano sobre las autoridades argentinas con respecto al poco esmero que se pone aquí para combatir la corrupción estatal.
Es muy probable que en esta oportunidad el presidente Fernández vuelva a reconocer el apoyo del gobierno de Biden para influir en la actitud del FMI en lo atinente a la deuda del país con ese organismo. Aunque esto el gobierno argentino parece desdecirlo frecuentemente con críticas públicas al FMI, como ocurrió en la reciente Cumbre Iberoamericana, en República Dominicana.
La tolerancia que demuestra querer mantener el gobierno de EEUU debería motivar a las autoridades argentinas, por lo menos, a intentar corregir los desatinos que en materia de corrupción nos siguen colocando entre los peores ejemplos a nivel internacional.
