Como ya hemos expresado desde este mismo espacio, el juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia forma parte de la sistemática embestida del kirchnerismo contra la Justicia por cuestiones políticas e ideológicas, en especial cuando ésta acciona con imparcialidad en las causas que involucran a la vicepresidenta de la Nación y a otros personajes vinculados con los gobiernos kirchneristas anteriores.
Se trata de una especie de línea argumental de cumplimiento en etapas. No debe olvidarse que a poco de asumir el gobierno nacional logró que la Oficina Anticorrupción renunciara a la condición de querellante en causas que tuvieron, y aún tienen, como principal acusada a Cristina Fernández de Kirchner. Eso marcó el camino que hoy transita el oficialismo.
También tempranamente el Ejecutivo Nacional impulsó reformas en la Justicia Penal Federal y en el funcionamiento y composición de la Corte Suprema que, por controvertidas y claramente direccionadas políticamente, no merecieron la menor consideración por parte de la oposición en el Congreso.
En el caso del juicio a la Corte, el argumento para provocar el actual escándalo institucional fue la sentencia cautelar a favor de la Ciudad de Buenos Aires en la demanda iniciada por ésta ante la quita de recursos coparticipables que dispuso la Nación, en setiembre de 2020, a favor de la provincia de Buenos Aires. Cabe destacar que aquel procedimiento del Ejecutivo fue sin consulta previa y para ayudar al gobierno bonaerense a desactivar una huelga policial por reclamos salariales.
También motoriza la vehemente actitud del oficialismo la sentencia recaída sobre la Vicepresidenta de la Nación en la causa por la obra pública en Santa Cruz, a pesar de que dicha condena no está firme aún y seguramente pasará un tiempo prudencial para que se superen las instancias de apelación.
En ambos casos, como en muchos otros, se suma al argumento acusatorio del Gobierno la supuesta connivencia entre jueces, políticos opositores y hasta medios y periodistas para limitar la acción política de los referentes kirchneristas.
De todos modos, el oficialismo es consciente de que el montaje dispuesto en la Cámara de Diputados contra los jueces supremos no tendrá más destino que lo que se resuelva en la comisión específica de Juicio Político. Ya en sesión plenaria de la Cámara baja difícilmente el oficialismo pueda obtener la mayoría especial que se necesita en estos casos, puesto que la oposición se mantiene unida y defienda el criterio de que los miembros de la Justicia no pueden ser juzgados por sus sentencias.
En un gobierno prácticamente dinamitado por sus diferencias internas con respecto al manejo de la economía, la negociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional o la carrera hacia las elecciones de este año lo único que parece unir voluntades continúa siendo el descabellado ataque a uno de los poderes del Estado y sustento del sistema republicano, como es la Justicia.
Se trata de una delicada situación que también debe interesar a una población agobiada por la crisis económica y social y que con su voto deberá elegir a quien se atreva a tomar una nave acechada por la tempestad.
