Polémicos representantes del kirchnerismo gobernante convocan a una movilización contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Según lo expresado por el dirigente piquetero Luis D’Elía (recién salido de una condena en prisión por tomar una comisaría), voz cantante de la promocionada protesta, el objetivo es ejercer presión para que los citados magistrados dejen los cargos que ocupan.
Tras el anuncio de dicha manifestación, con características de embestida política, hubo voces de adhesión en el Poder Ejecutivo, como la del viceministro de Justicia, Juan Martín Mena. Y hasta el titular del Poder Ejecutivo, Alberto Fernández, quien opinó públicamente que la Corte Suprema de Justicia viene teniendo un mal funcionamiento.
El presidente de la Nación no debe dar su opinión sobre el desempeño de otro poder del Estado, como en este caso el Judicial.
En el tema que nos ocupa, sus atribuciones al frente del Ejecutivo no pueden incluir apreciaciones que pongan en evidencia una estrategia contra los jueces del máximo tribunal del país.
Es lo que se desprende de dicho juego de coincidencias.
Lo que existe es el mecanismo del juicio político para desplazar a los jueces supremos de la Nación en caso de mal desempeño.
Pero si esa es la intención que esconde el oficialismo con la organización de manifestaciones como la prevista para el 1 de febrero, pretendiendo crear un clima de clamor contra los magistrados, difícil le resultará el trámite parlamentario para buscar dichas sentencias, puesto que la nueva conformación del Congreso le impide contar automáticamente con los dos tercios de votos a favor en ambas cámaras que la Constitución Nacional determina.
Por otra parte, hay que recordar que muy polémicas iniciativas del gobierno de Alberto Fernández ni siquiera pudieron obtener mayoría simple para avanzar en el Congreso en los dos primeros años de su gestión.
Es el caso de la reforma judicial que impulsó y la modificación de la ley del Ministerio Público Fiscal, que buscaba poder realizar nombramientos sólo con el voto mayoritario del oficialismo.
Las críticas a la Corte se suman a una serie de resoluciones de distintos tribunales federales, que el año pasado favorecieron con fallos muy criticables a la vicepresidenta de la Nación en causas en su contra que se generaron durante su paso previo de cuatro años por la Presidencia.
El abordaje que en algún momento puedan deban realizar los jueces supremos es una gran inquietud del Gobierno y del entorno de la Vicepresidenta.
Tras la convocatoria a la marcha contra la Corte, el Foro de Convergencia Empresarial de la Argentina emitió una interesante reflexión de la que nos hacemos eco.
Apelan a la necesidad de consolidar un sistema institucional sólido y de respeto a la división de poderes que asegure un Poder Judicial independiente y eficaz.
Y también apelan a la confianza que se necesita en el país para alentar inversiones que, a su vez, permitan dar oportunidades de empleo.
En efecto, la dirigencia política, integrante de los otros dos poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo, debe respetar la investidura de los miembros de la Corte Suprema de la Nación, máximo sostén del Estado de derecho y de las garantías constitucionales. No se pueden manosear las instituciones de la República.
