El Gobierno nacional reactivó las tensiones con el sector agropecuario a través de la palabra presidencial, que con un tono contenido pero agresivo se mostró decidido a enfrentarlos en nombre de una supuesta defensa de “la mesa de los argentinos”.
En una entrevista a Página 12, Alberto Fernández aseguró que podría “subir retenciones o poner cupo” a las exportaciones si los productores de alimentos trasladan los precios internacionales al mercado local.
El razonamiento presidencial es que el productor de carne no puede cobrarle lo mismo al carnicero de la esquina que al Estado chino.
“Tienen que entender que son parte de Argentina”, señaló Fernández, donde nadie cobra en dólares sino en pesos.
Con ese análisis, el Presidente dijo que está dispuesto a tomar medidas drásticas para defender “la mesa” del ataque de los productores agropecuarios.
Para sostener esa defensa, explicó que la inflación que padecemos no guarda relación con la devaluación del peso, que es una decisión que depende de su equipo económico y del Banco Central, sino con la especulación.
La asociación es inevitable: los productores agropecuarios especulan para obtener mayores ganancias a costa del pueblo.
La simplificación presidencial es inadmisible.
Omite, entre otras cuestiones, que desde el productor de materias primas hasta el almacén del barrio o las compras chinas hay una cadena de agentes que van condicionando el precio final.
En una respuesta muy bien nutrida con datos estadísticos, trató de explicárselo Ricardo Buryaile, exintegrante de la Mesa de Enlace que protagonizó la “rebelión del campo” en 2008 contra la resolución 125, exministro de Agricultura durante la gestión de Mauricio Macri y actualmente diputado nacional por la UCR.
Los antecedentes políticos de Buryaile, por cierto, no debieran ser usados para despreciar su carta. Por el contrario, podrían ser un buen punto de partida para acordar entre distintos actores políticos un programa de acción que elimine las tensiones y los prejuicios.
El productor, lo sabemos todos, no es el formador de precios. ¿Cuántas veces hemos visto protestas de productores regalando verduras, frutas o leche, disconformes porque reciben por sus producciones una ínfima fracción de lo que abona el consumidor en el supermercado?
Además, aunque la moneda nacional sea el peso, los costos de producción de casi todo lo que consumimos están dolarizados en un gran porcentaje.
Por lo tanto, para defender nuestra mesa, en vez de atacar a los productores, a los inversores, a los exportadores, el Gobierno debiera defender el valor del peso. Que no sufre a diario los embates de viles especuladores, sino el impacto de una macroeconomía desquiciada por décadas de malas regulaciones, emisión descontrolada, alta inflación crónica, déficit fiscal constante a pesar de una siempre creciente presión tributaria, y falta de dólares para funcionar con relativa normalidad.
No somos el único país que exporta alimentos. Pero entre esos países, somos el único que tiene alta inflación y que vive queriendo castigar por ello a los productores.
