La política exterior argentina continúa siendo complaciente con los gobiernos de la región con características dictatoriales, más allá del sistema democrático que sus jefes de Estado dicen sostener y practicar.
En este caso, la Argentina se abstuvo en los últimos días de votar a favor de una resolución por la que la Organización de Estados Americanos (OEA) exigió al gobierno de Nicaragua la liberación inmediata de presos políticos opositores.
Además, en ese manifiesto se expresó la preocupación que en la región genera la persecución a quienes se oponen al Gobierno.
Debe recordarse que el 11 de noviembre se llevará a cabo una nueva elección en la que el presidente Daniel Ortega buscará ser nuevamente reelecto.
La anomalía radica en que una gran mayoría de los candidatos opositores a su gobierno fueron detenidos y permanecen presos.
El mandamás nicaragüense argumenta descaradamente que sus frustrados adversarios son, según su particular mirada, “criminales” que de una u otra forma han atentado contra la seguridad de aquel país, como parte de una supuesta conspiración para derrocarlo en la que, incluso, tendría participación Estados Unidos.
En esta oportunidad, la Argentina se abstuvo de votar a favor de la resolución de la OEA, que fue aprobada con 26 votos favorables de sus países miembros.
Entre los pocos miembros que también presentaron abstenciones figuran Barbados, Bolivia, Guatemala, Honduras y México. Mientras que el único voto en contra fue, justamente, el de Nicaragua.
Al justificar la postura argentina, el embajador ante la OEA, Carlos Raimundi, sostuvo que la resolución propuesta por la mayoría, y aprobada en forma contundente, resultaba “improcedente y extemporánea”.
Llamativa postura la de la representación de nuestro país, puesto que no se conoce que Nicaragua haya efectuado un planteo internacional mediante el cual denuncie la supuesta conspiración contra su gobierno.
Tampoco se advierten garantías de un proceso judicial transparente a los detenidos, si se tiene en cuenta que una de las características del régimen que ha impuesto Ortega es la sumisión a sus propósitos de las demás instituciones republicanas.
No es la primera vez que, durante estos dos años de gestión, los representantes del Gobierno en organismos internacionales regionales o en alguna sede diplomática adoptan posturas que, como en este caso, lo que pretenden es defender un proceso eleccionario claramente antidemocrático.
Y en más de una oportunidad posturas audaces como la del embajador Raimundi, ante la OEA, hasta contradijeron a voceros o referentes de la propia Cancillería.
El argumento de no injerencia en los asuntos internos de otro país, con el que suelen justificar este tipo de posiciones los representantes argentinos que ven con agrado regímenes como el nicaragüense o el venezolano, no invalida cualquier tipo de expresión a favor de las libertades públicas y el normal desenvolvimiento de la vida democrática de un país, como en esta nueva oportunidad se expresaron por amplia mayoría los países nucleados en la OEA.
