En otra muestra de total desatino diplomático, la Argentina asistió, a través del embajador Daniel Capitanich, en la ceremonia de reasunción del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.
Más allá de lo protocolar, que puede justificar la presencia diplomática en ese tipo de ceremonia, la situación interna de Nicaragua merece el más enérgico repudio por el uso del poder que realiza Ortega, convertido desde hace tiempo en un líder autoritario totalmente alejado de los preceptos democráticos que dijo respetar.
El reelecto presidente nicaragüense encara otro período de gobierno al cabo de un proceso electoral en el que fueron encarcelados, sus principales opositores. El despotismo presidencial dejó casi sin opciones a la desguarnecida ciudadanía de su país.
Pero lo más grave que se produjo en el reciente acto de reasunción, en Managua, fue la presencia del vicepresidente de Irán, Mohsen Rezai, un histórico e influyente militar del régimen de aquel país, prófugo de la justicia argentina, que lo consideró como uno de los principales responsables de la voladura del edificio de la AMIA, en 1994 en Buenos Aires. Rezai era en aquellos años jefe de la temible Guardia Revolucionaria iraní.
Como era de esperar, rápidamente hubo muestras de repudio por la participación de Argentina en un acto protocolar con semejante personaje. Condenaron dicha actitud distintas organizaciones de nuestro país, en especial las que representan a la colectividad judía y a los familiares de las víctimas del terrible atentado. Ante el escándalo, el gobierno nacional también realizó una crítica por la presencia del iraní, acción desde todo punto de vista tardía y por compromiso.
Por otra parte, cabe preguntar por qué el embajador argentino en Managua no tomó conocimiento, previamente, de la presencia en la ceremonia de un prófugo iraní responsable de la tragedia de la mutual judía. Su participación, en cambio, se puede interpretar como un gesto solidario de la Argentina con el régimen de Teherán.
La reiterada cercanía del gobierno de Alberto Fernández a los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua justifica claramente la postura del embajador en Managua durante la reasunción del autoritario Ortega. Un notable desafío para las autoridades argentinas de cara al acuerdo que necesita para ordenar la deuda con el Fondo Monetario Internacional.
El canciller, Santiago Cafiero, tiene previsto viajar a Estados Unidos en los próximos días para intentar demostrar a las autoridades de la Casa Blanca de que, pese a desatinos como el reciente de Managua, el gobierno al que representa no sólo no pretende que nuestro país entre en default, sino, además, que no existe ningún apoyo a los gobiernos totalitarios de la región.
¿Podrá sostener este último argumento luego de lo de Nicaragua?
Incluso, la presidencia temporaria que asumió en estos días Alberto Fernández en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) tampoco parece aportar mucho al relacionamiento que, ante la delicada instancia económica actual, necesita tener la Argentina con los países influyentes del FMI.
Direccionar la política exterior hacia países de la región y del resto del mundo conducidos por autoritarismos y regímenes extremos colocará a la Argentina en un nada saludable aislamiento político y comercial.
