Un nuevo fallo judicial condena una de las tantas acciones autoritarias ejercidas por los gobiernos kirchneristas durante sus 16 años en el poder (2003-2015 y 2019-2023). En este caso el sentenciado es el ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, a quien se le aplicaron tres años de prisión condicional.
Moreno fue juzgado por la manipulación, durante la presidencia de Néstor Kirchner, de los datos del Índice de Precios al Consumidor que elabora periódicamente el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). Se lo consideró culpable de los delitos de abuso de autoridad y destrucción de registros públicos. El ex funcionario también fue inhabilitado por el Tribunal Oral Federal 2 de Buenos Aires para ejercer cargos públicos.
Debe recordarse, además, que Moreno tiene condenas previas por el ejercicio abusivo del poder que tuvo. En 2017 y 2022 sumó sentencias en contra por casos originados en embestidas oficiales contra el diario Clarín y Papel Prensa. Las penas aplicadas en ambos casos están aún en instancia de apelación.
Es pertinente citar que en aquel ciclo inicial del kirchnerismo el funcionamiento del Indec fue afectado por la manipulación de datos ordenada por el poder de turno. Justamente, quien llevó a la práctica las órdenes del Ejecutivo fue Guillermo Moreno, responsable de la intervención al organismo de estadísticas.
El objetivo era hacer públicos datos erróneos sobre la economía y la evolución de los precios y tenía sustento en el pensamiento de los principales referentes del kirchnerismo de aquella época, como el ex ministro de Economía, hoy gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, que consideraba públicamente que medir la pobreza, que es otra de las funciones del Indec, significaba “estigmatizarla”.
Con apoyo de la oposición de aquellos años, las consultoras privadas salieron al cruce de dicha situación anómala y de ese modo consensuaron mensualmente lo que pasó a conocerse como el índice inflacionario del Congreso de la Nación, que reflejaba el real deterioro del poder adquisitivo de la gente.
Luego, el gobierno del presidente Mauricio Macri logró revertir la crisis del organismo de estadísticas nombrando como responsable a Jorge Todesca, un respetado economista con experiencia en la función pública en los gobiernos de Raúl Alfonsín y Eduardo Duhalde. Su seriedad profesional dejó en el Indec una impronta que, es justo reconocerlo, fue respetada durante los años de presidencia de Alberto Fernández, que debió observar durante toda la gestión cómo el organismo de mediciones reflejaba mes a mes el deterioro de su política económica. Afortunadamente, dicho lineamiento continúa con la presidencia actual.
Por ello, el fallo condenatorio contra Guillermo Moreno, aunque los hechos juzgados hayan ocurrido hace más de una década, son ejemplares desde el punto de vista del normal funcionamiento de las instituciones de la República. En este caso, un tribunal oral que demuestra encontrarse en el pleno ejercicio de sus obligaciones, al margen de cualquier presión o influencia sectorial.
Entre los cambios que un elevadísimo porcentaje de argentinos esperan de sus autoridades se encuentra el freno a acciones que, como ocurrió con el Indec, constituyen un atropello al buen funcionamiento del Estado. No debería importar tanto el grado de las penas, sino la justa y correcta aplicación de las mismas, para que llegue el momento en el que en la Argentina quien pise una dependencia oficial como funcionario sepa que llegó hasta allí para servir a los ciudadanos y no para valerse del poder en beneficio de otros intereses.
