La Argentina volvió a quedar involucrada en una grave situación diplomática –nada menos que la fuga de una funcionaria acusada de corrupción– sin que ninguna razón de Estado lo justificara.
La Argentina –por obra y gracia de un gobierno que se empecina en tomar o en permitir decisiones equivocadas– quedó asociada a la fuga de una exfuncionaria ecuatoriana que se había refugiado en la Embajada argentina de Quito, capital de Ecuador.
La salida rumbo a Venezuela de María Duarte –quien ocupó varios cargos ministeriales durante la presidencia de Rafael Correa– para presumiblemente aprovechar el asilo que el gobierno de Alberto Fernández le otorgó no hace mucho tiempo muestra a la diplomacia nacional en el punto más bajo de los últimos 40 años.
La exfuncionaria de Correa –este a su vez refugiado en Bélgica, por las mismas razones que María Duarte– fue condenada por corrupción en instancias judiciales tramitadas conforme a derecho, y su caso ya había provocado una controversia entre Ecuador y la Argentina por el papel del embajador Gabriel Fucks al concederle refugio a una condenada prófuga.
Esta situación se agravó después por la decisión de otorgarle asilo, tal como si aún el país no pudiera eludir el estigma de haber sido refugio de criminales de guerra en algún momento de la historia y necesitara ratificar su posición en la materia, como una suerte de paraíso para quienes adeudan cuentas judiciales.
A la lógica decisión de las autoridades ecuatorianas de expulsar al embajador Fucks, Argentina correspondió con un gesto similar, exigiendo el retiro del embajador ecuatoriano, lo que puede ser considerado un acto formal de reciprocidad, pero que a la vez corrobora que siempre se puede empeorar lo que ya se hizo mal. Pero los problemas no terminan allí.
Todo indica que la operación de fuga de Duarte sólo pudo realizarse con pleno conocimiento de la Cancillería argentina y con la anuencia del embajador en Quito y, dado el escaso recorrido del canciller Santiago Cafiero en toda materia, a la sombra de la Casa Rosada.
Todos estos problemas, por cierto, remiten a la actuación de diversos embajadores militantes que en los últimos tiempos han demostrado sus habilidades en el respaldo a varias dictaduras latinoamericanas, como la de Daniel Ortega en Nicaragua, por citar sólo un ejemplo.
La versión de que el Sebin –el servicio de inteligencia que Cuba montó en Caracas para el servicio de Nicolás Maduro– fue el autor de toda la trama empeora sensiblemente la cuestión. Lamentablemente, nuestro país es hoy un pésimo ejemplo para el mundo en todas las materias posibles: en los garrafales errores de gestión económica; en el deterioro educativo; en la anarquización social, y en la espiralización de la violencia en el marco de un Gobierno ausente, que exhibe sus peleas de alcoba en público como una mala telenovela.
Y, aun cuando ello no fuera necesario, se ha querido ahora participar institucionalmente en la fuga de una condenada por motivos que escapan a las razones de Estado.
