Se trata de vaivenes históricos que no sólo no dejan bien parada la imagen de la política exterior de la Argentina, lamentablemente errática, sino que ponen a nuestro país en sintonía con un régimen totalitario que sigue seduciendo a sus seguidores en la región.
Hace pocos días el gobierno de la Argentina retiro su apoyo a la demanda presentada por el Grupo de Lima contra Venezuela ante el Tribunal Penal Internacional (TPI), en La Haya, por supuestos crímenes de lesa humanidad.
Concretamente, se trató de una acción derivada de la anterior decisión de las autoridades argentinas de dejar de pertenecer al Grupo de Lima.
Debe recordarse que bajo la presidencia de Mauricio Macri, la Argentina presentó, en 2018, un pedido para que el TPI investigara los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Venezuela.
Lo acompañaron en aquel momento Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, además del titular de la OEA, Luis Almagro.
Esa demanda adjuntó denuncias de inmigrantes venezolanos en nuestro país. A pesar de la retirada de la Argentina, la investigación internacional de la demanda continuará.
Cabe apuntar que las violaciones a los derechos humanos en el país caribeño también fueron planteados en el organismo de las Naciones Unidas a cargo de la ex presidenta de Chile Michelle Bachelet.
Como era de esperar, Venezuela agradeció públicamente a la Cancillería de nuestro país. Lo hizo a través del fiscal general de ese país, Tarek William Saab, quien tomó como propios los argumentos de las actuales autoridades argentinas, que consideraron inapropiado seguir con una demanda encarada “sin asidero” por un gobierno anterior.
Este paso, lamentablemente, no debería sorprender. Todo coincide con la tradicional política férrea que tuvo el kirchnerismo en sus 12 años anteriores de gobierno, a favor del régimen chavista. Lo opuesto a la política internacional implementada durante la presidencia de Mauricio Macri, que, conviene recordarlo, apuntó siempre a lograr en Venezuela el avance hacia elecciones que permitieran la reimplementación de un gobierno democrático basado en el régimen republicano, paulatinamente sustituido por Chávez y su fiel sucesor, Nicolás Maduro.
Todo esto forma parte, además, de los vaivenes históricos en materia de política exterior que observa la Argentina, que no sólo no dejan bien parada su imagen de las relaciones exteriores, tradicionalmente errática, sino que ponen a nuestro país en sintonía con un régimen totalitario que sigue seduciendo a sus seguidores en toda la región.
Es lógico, por ello, que la oposición le pida ahora al canciller Felipe Solá que concurra al Congreso a explicar las razones de la retirada de la demanda internacional contra Venezuela, entendiendo que lo dispuesto no ha sido otra cosa que una clara maniobra política para favorecer a la dictadura venezolana.
Pasos desafortunados ante la mirada de los principales países de la economía mundial, a los que el gobierno argentino viene recurriendo insistentemente para lograr avales que le permitan estirar plazos de vencimiento de compromisos con los organismos de crédito. Una doble cara que sorprende al mundo y le genera muchas dudas.
