La inestabilidad política continúa en Perú. La reciente destitución del presidente Pedro Castillo por parte del Congreso frustró un insólito intento de autogolpe con el que el ahora ex primer mandatario pretendía encarar una dudosa reforma institucional.
El miércoles de esta semana Castillo anunció su decisión de cerrar el Congreso, de modo de llamar a nuevas elecciones que dieran paso a un Parlamento con poderes para elaborar una nueva Constitución, además de producir reformas en el Poder Judicial y en la Procuración de su país.
El intento de Castillo no duró muchas horas, ya que el Parlamento alcanzó a votar antes mayoritariamente por su destitución, algo que los legisladores venían movilizando amparándose en una cláusula de la Constitución que permite remover a los presidentes por “incapacidad moral permanente”. En ese marco cayeron sobre el ahora depuesto mandatario denuncias que potenciaron la embestida de los parlamentarios; la Justicia lo había acusado de “una corrupta adjudicación de contratos públicos”.
El final hasta se puede definir como tragicómico. Castillo fue detenido, de hecho por su propia custodia policial en medio de un atascamiento de tránsito producido por los manifestantes que salieron a expresarse en contra de su intento de autogolpe.
Pretendía llegar hasta la embajada de México en Lima para pedir asilo, pero el comando de la policía nacional peruana le anunció que no compartía el autogolpe por él gestado.
Pedro Castillo había asumido el 28 de julio del año pasado, luego de una sorprendente elección en la que venció por escaso margen a su rival en segunda vuelta, Keiko Fujimori. En ese momento se trataba de un desconocido en la política peruana, un maestro rural de escuela que recién tomó trascendencia pública al asumir como titular de un sindicato de docentes.
Se presentó ante los ciudadanos de su país como un dirigente de clara orientación conservadora en cuanto a costumbres sociales y de extrema izquierda en lo político. Despertó alguna expectativa favorable en virtud de preceptos que lanzó antes de asumir, como buscar la unidad entre los peruanos mediante un gobierno “abierto a todos”, sin discriminación “de sangre”.
Sin embargo, sus limitaciones políticas fueron evidentes. En sólo 16 meses de ejercicio de la presidencia tuvo cinco gabinetes, con alrededor de 60 ministros, muchos de ellos, según la prensa especializada peruana, de tan poca calificación para hacer política como el mismo presidente.
En lugar del presidente depuesto asumió su vice, Dina Boluarte, que hizo un rápido llamado a la unidad en el país y al diálogo entre fuerzas políticas. Un enunciado auspicioso, pero enmarcado en las dudas que genera un sistema presidencial muy frágil. Perú ha tenido seis presidentes en tan solo cinco años.
Como antes de este nuevo fallido proceso, Perú necesita seguir consolidando su economía, que llamativamente viene superando las desventuras de su política logrando una estabilidad saludable pese a la inestabilidad de su dirigencia.
Para ello ese país requiere una renovada dirigencia partidaria, que consolide el sistema democrático con visión de futuro, políticas de Estado y la voz guía de líderes hoy imposibles de observar en medio de tan alarmante medianía.
