El presidente de la Nación, Alberto Fernández, anticipó en su reciente visita a La Pampa algo que políticamente era imaginable: hará lugar al pedido de un nuevo estudio de impacto ambiental por la proyectada obra de Portezuelo del Viento, respondiendo así a favor de la petición de las autoridades pampeanas, que cuentan con el respaldo de Buenos Aires, Neuquén y Río Negro en el seno del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco).
Se estima que la nueva evaluación que autorizará el Ejecutivo nacional puede demandar mucho tiempo más de espera, con lo cual caen abruptamente las aspiraciones mendocinas, que requerían de la aprobación presidencial porque ya se había puesto en marcha el proceso licitatorio del emprendimiento.
Por ello fue correcta la determinación del gobierno de Rodolfo Suárez de prever con tiempo dar vuelta la página y encarar proyectos alternativos para el uso de los recursos que sí deberá seguir percibiendo nuestra provincia desde la Nación. “Los ríos no son propiedad de nadie… Son propiedad de los argentinos”, algunos de los conceptos recientes del presidente de la Nación para justificar su decisión. ¿Argumentos o sólo meros recursos dialécticos para decidir por cuestiones políticas la viabilidad de un gran emprendimiento que había sido puesto a su consideración?
Ahora queda esperar, de todos modos, la oficialización del laudo, ya que nuevamente el Presidente anticipó su parecer mediante un discurso, cuando un tema tan trascendente, que involucra a dos o más provincias, requeriría que se proceda solamente a través de los pasos oficiales correspondientes.
Más allá de la decisión que tomó el gobierno nacional, a partir de ahora Mendoza no deberá perder tiempo con los recursos legítimos que recibe periódicamente como resarcimiento por los efectos de la promoción industrial. Se trata de 1.023 millones de dólares que deberán tener un destino beneficioso para los mendocinos. No se pueden desperdiciar los bienes que llegan como compensación de inequidades que soportó nuestra provincia por anteriores medidas tomadas por la Nación en su perjuicio.
Básicamente, corresponde pensar en obra pública apuntada a lo hídrico. Es lo que se desprende del acuerdo oportunamente firmado por la Provincia con la Nación para viabilizar los pagos periódicos que se vienen realizando.
Pero esa nueva obra a realizar deberá estar enmarcada en un plan estratégico de crecimiento y con la mirada puesta en la matriz productiva, tema de permanente debate en distintos foros que se organizan para pensar en un futuro próspero para Mendoza.
Sería grave que los mendocinos demoráramos una decisión para el uso de los recursos que tenían como primer objetivo el desarrollo de Portezuelo del Viento. Urge que el llamado “plan B” del gobierno provincial surja con celeridad como producto de acuerdos del Gobierno con las fuerzas productivas locales. Ya se ha avanzado en ese aspecto, pero la variedad de opciones que seguramente surgirán como consecuencia del laudo presidencial amerita una cuidadosa y consensuada decisión.
El estancamiento económico y productivo de la provincia, de más de una década, obliga a su dirigencia a dejar de lado especulaciones para permitir que los recursos que iban a ser destinados al emprendimiento del sur provincial terminen siendo derivados a otras obras también muy importantes para el crecimiento de Mendoza.
