La lucha oficial contra la corrupción constituye un ejemplar gesto político. Por eso desde esta misma columna expresamos satisfacción, hace prácticamente un mes, cuando se supo que el Ministerio de Justicia de la Nación solicitó a la Oficina Anticorrupción un relevamiento de causas en etapa de instrucción en la Justicia Federal Penal con el propósito de que el Estado nacional vuelva a ser querellante en todas ellas.
No fue una noticia más por tratarse de 32 expedientes a los que el gobierno anterior prefirió renunciar a su condición de promotor de la acción penal, en especial en los casos en los que se encontraba directamente vinculada la familia Kirchner, como en las conocidas como Hotesur-Los Sauces, Cuadernos, Odebrecht y Yacimientos Carboníferos Río Turbio.
Aquella función de querellante fue decidida por el gobierno de Alberto Fernández poco después de haber asumido éste la Presidencia de la Nación, con el sorprendente argumento de que el Estado nacional nunca debió haber asumido esa postura acusatoria.
Pero lo más trascendente es que a ese regreso a causas que voluntariamente el gobierno anterior había dejado en el olvido se suman nuevas revelaciones que surgen del análisis que las nuevas autoridades van realizando sobre las cuentas públicas.
Es así como surgieron evidencias de la existencia de una millonaria “caja negra” de la política en el área de Anses, consistente en una maniobra con seguros estatales y empresas privadas de la que se responsabilizó claramente al ex presidente Alberto Fernández. El tema ya está en la Justicia.
Del mismo modo van surgiendo irregularidades con el manejo de fondos en otros organismos importantes, lo que permitirá, en caso de ser necesario, que el Estado también se encargue de formular las denuncias penales correspondientes ante el fuero federal para que dichas evidencias se transformen en sanción para los responsables de los ilícitos.
Las irregularidades se completan con otros hechos que, aunque no constituyan delito, ponen en evidencia años de sobredimensión de las estructuras del Estado, anormalidad reflejada en balances deficitarios de empresas y organismos, abundancia de personal que no cumplía funciones conforme los cargos que ostentaba, colonización partidaria y una marcada ineficiencia en la gestión supuestamente encomendada a cada dependencia.
Se puede coincidir con la preocupación que invade a distintos grupos de profesionales o intelectuales por el eventual cierre de áreas que cumplen una determinada función en la órbita del Estado. Todo debe ser posible de ser analizado, pero siempre bajo una administración saneada y con una estructura acorde a los requerimientos de la sociedad en cada caso.
Por lo tanto, es muy importante que el gobierno nacional haya decidido promover ante la Justicia los actos irregulares detectados en el funcionamiento del Estado, porque la transparencia de las decisiones políticas y el manejo de los fondos es algo que, de una buena vez, debe quedar instalado en la Argentina.
Es una de las llamadas batallas culturales que se propone dar la actual administración y a la que se debería adherir sin reparos desde la dirigencia en general, puesto que a una estructura estatal corrompida por la corrupción le sigue, lamentablemente, el mal ejemplo que se traslada inevitable a distintos estamentos de la vida social del país.
El penoso presente de pobreza y deterioro económico nos debe demostrar, esta vez sí, que aquella tan utilizada frase “roban, pero hacen” afortunadamente parece perder vigencia en la Argentina.
