Los departamentos de Luján de Cuyo y Las Heras, las dos jurisdicciones que tienen competencia sobre la ruta nacional 7, entre las localidades de Agrelo y Las Cuevas, estudian aplicar severas sanciones económicas cuando detecten violaciones a las leyes de tránsito en ese trayecto.
Ambos municipios, junto con la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), tienen el firme propósito de instalar radares que controlarían la velocidad prohibida y otras infracciones en el camino que acredita, lamentablemente, graves incidentes de tránsito. Siempre, de modo crucial, por la alta velocidad de vehículos particulares livianos, transportes internacionales de carga y ómnibus de pasajeros.
El lector recuerda los accidentes de ómnibus con pasajeros en viaje de ida o de vuelta de Chile y los muchos ocurridos con vehículos menores, como el que sufriera en octubre pasado el ex diputado e histórico dirigente del Centro de Empleados de Comercio, Guillermo Pereyra.
No sabemos si se hubieran evitado con los radares, pero calculamos que el servicio de estos aparatos puede ejercer un efecto de prevención sobre conductores y obligarlos a reducir la velocidad de sus rodados.
Pero, lo cierto es que hay que actuar sobre uno de los corredores viales con mayor cantidad de accidentes y un índice elevadísimo de pérdida de vidas humanas. En la verificación de accidentología en los años 2018 y 2019, estadísticamente se encuentra entre los de mayor peligrosidad o riesgo del país, y también que los accidentes más graves se deben al exceso de velocidad. Entonces, es determinante intervenir en la prevención, esencialmente, de las pérdidas de vidas humanas, independientemente de los costos materiales que acarrean estos siniestros al destruirse vehículos e insumos viales, como carteles, barandas y obras de arte.
Por lo tanto, el control de las velocidades y del acatamiento de las señales de tránsito en la zona del corredor internacional (RN 7,) entre la Refinería de YPF de Luján y Las Cuevas, es una actividad de imperiosa necesidad y pronta aplicación.
La fuerza de control que tienen las rutas nacionales, es la Gendarmería Nacional (GN), pero la capacidad de dicha repartición para estar permanentemente en el terreno y controlar la velocidad del tránsito, no alcanza. Por lo tanto, atento a que en Mendoza las municipalidades han recibido por ley provincial la función de policía de tránsito, inclusive con los juzgados y las aplicaciones de las multas respectivas, se avanzó en la proposición de instalar medidores de velocidad y radares en distintos tramos.
En base a esta tecnología, disuadir a quienes avanzan con velocidades imprudentes y sin respetar, por ejemplo, las rayas amarillas dobles, que indican no adelantarse a otro vehículo en esos tramos demarcados.
Si estos mecanismos se aplicaran pronto, en lo posible dentro de la presente temporada veraniega, los sobresaltos y la angustia que causan estos siniestros en la carretera al vecino país, eventualmente, disminuirían.
Mientras tanto, deberá instalarse suficiente información a base de cartelería y difundirse que las faltas implicarán la aplicación de importantes multas pecuniarias.
Coincidimos con las autoridades que planean esta estrategia en que el primer paso es señalización e información porque, si no hay castigo económico, los folletos que entreguen las reparticiones van a quedar tirados en la ruta o en un papelero.
El plan inicial es trabajar en la señalización mejorando los carteles con los límites de velocidad, precauciones de curvas, doble línea amarilla, visibilidad en los badenes e instalación de puestos de información en aquellos lugares de paradas obligatorias, como puede ser el puesto de GN en Los Árboles, en Uspallata o en Potrerillos.
Entonces, primero, brindar más información, reformular las normas e instalar los controles necesarios para que se cumplan las normas viales, con la debida sanción para los que no cumplan.
