Sociedad
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hace 10 horas
Algo más de 5.500 beneficiarios del régimen jubilatorio del Poder Judicial se reparten por mes unos 1.600 millones de pesos. Eso representa en promedio jubilaciones o pensiones cercanas a los 290 mil pesos.
La cifra resulta exorbitante por donde se la mire, en comparación con el resto de las jubilaciones que reciben quienes aportaron durante toda su vida laboral.
Por supuesto, como la carrera judicial es larga y altamente piramidal, el escalafón es muy amplio.
Un exjuez federal, por ejemplo, no percibe la misma jubilación que aquellos que integraron la Corte Suprema de Justicia.
Mientras la jubilación de los primeros alcanza en promedio los 400 mil pesos, para quienes pasaron por la Corte se ubica por encima de los 600 mil pesos.
Y en el caso de Eugenio Zaffaroni, llega a 850 mil pesos.
Hace mucho que estos montos resultan inadmisibles para la realidad social y económica del país.
Sobre todo porque, además, van acompañados de otros privilegios tan extraordinarios como inexplicables: los funcionarios de la Justicia están exceptuados del pago del Impuesto a las Ganancias; y a diferencia de los cargos políticos de los otros dos poderes del Estado, por una resolución de la Corte, sus declaraciones juradas de bienes no pueden ser difundidas.
¿Por qué?
¿Qué los hace tan superiores al resto?
La pensión vitalicia que recibe Carlos Menem por haber sido presidente de la República durante dos períodos es un 42 por ciento menor que la jubilación de Zaffaroni.
Casualmente, al principio de su gestión, el presidente Alberto Fernández envió un proyecto de ley para modificar la fórmula con la cual se calcula el haber jubilatorio de un juez.
En su momento, se especuló que serían cientos los funcionarios judiciales que renunciarían como medida de protesta. Apenas lo hicieron unos 15. Y en estos meses, unos 30 se jubilaron con el viejo sistema.
Los privilegios subsisten. La reforma fue superficial.
Ahora que el Gobierno se propone una reforma judicial supuestamente de fondo, el punto de partida de la discusión debiera ser, como bien señaló el senador porteño Martín Lousteau, la derogación total de los privilegios con que cuenta el Poder Judicial: no más excepción al Impuesto a las Ganancias y no más jubilaciones descomunales.
Si en los niveles municipales y provinciales suele usarse el sueldo del intendente o el gobernador para fijar el techo del escalafón salarial de toda la administración pública correspondiente, en el nivel federal debiera regir algo semejante.
Lo mismo vale para el pago de Ganancias y la obligación de presentar una declaración jurada de bienes.
Nada legitima las diferencias existentes.
En un sistema de gobierno republicano la igualdad ante la ley debe contemplar también la proporcionalidad en los haberes, lo que no significa que todos los salarios sean iguales sino que las diferencias sean razonables, que pertenezcan a una lógica democrática y no a una aristocrática o monárquica donde una serie de cortesanos cercanos al poder real son los que adquieren privilegios negados y desconocidos para la gran mayoría de la población.
